Con el propósito de establecer una agenda regional común que enfrente de manera decidida el problema del hambre en Iberoamérica y el Caribe, se celebró en la antigua sede del Senado de la República, la Casona de Xicoténcatl, una reunión preparatoria que dio inicio a los trabajos rumbo al Primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria.
La iniciativa, impulsada por la senadora morenista Ana Lilia Rivera, busca articular esfuerzos legislativos en torno al derecho a la alimentación y contempla la elaboración de un pacto con líneas de acción específicas que permitan reforzar los marcos legales, presupuestarios y de participación ciudadana en los países de la región.
Durante el encuentro, Rivera subrayó el papel de México en el desarrollo de políticas públicas que priorizan el acceso universal a los alimentos.
“México ha demostrado que legislar en favor de la alimentación no es un acto declarativo, sino un ejercicio de voluntad transformadora”, afirmó al referirse a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, aprobada por el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2024.
La norma, considerada una de las más avanzadas en el continente, reconoce el derecho humano a una alimentación suficiente, saludable, culturalmente adecuada y sostenida por prácticas responsables con el medio ambiente. Asimismo, establece como obligación del Estado asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos para toda la población.
El foro está programado para celebrarse en octubre y contará con la participación de 25 países: 17 latinoamericanos, cuatro caribeños, además de España y Portugal. Según detalló Laura Párraga, senadora de Bolivia, la convocatoria se centrará en promover acciones legislativas concretas que aborden los desafíos alimentarios desde una perspectiva de colaboración regional.
Durante la reunión, la senadora Rivera recordó que esta iniciativa se sostiene sobre avances legislativos previos, como la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que declara este grano como patrimonio alimentario nacional y prohíbe el uso de semillas transgénicas. Esta legislación, dijo, —es el antecedente directo que dio sustento al reconocimiento constitucional del maíz nativo como elemento central del derecho a la alimentación—.
La reunión preparatoria reunió también a representantes de organismos internacionales y del gobierno federal. Alejandra del Moral, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la erradicación del hambre y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Luis Lobo reconoció los avances que ha tenido la región en la reducción del hambre en comparación con otras partes del mundo. Atribuyó estos logros a las políticas de Estado aplicadas en distintos países durante los últimos años.
“La reunión de hoy cumple una función crucial: asegurar que todos los actores involucrados estén informados, articulados y alineados”, señaló Rivera, al recalcar que el éxito del foro depende de la preparación previa y del compromiso colectivo de todos los sectores involucrados.
