El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este viernes la solicitud de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional, permitiendo al Gobierno de Donald Trump retirar la protección legal temporal a 532,000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
La resolución, aprobada con siete votos a favor y dos en contra —de las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson—, deja sin efecto el fallo de una jueza federal de Massachusetts que prohibía cancelar el programa de “parole humanitario” sin un análisis individual por persona.
“No exige prácticamente nada [el tribunal] al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, escribió la jueza Brown Jackson en su voto disidente.
La magistrada indicó que los individuos afectados se ven confrontados con una doble alternativa crítica: el retorno a sus países de origen, con los riesgos inherentes, o la permanencia en EE. UU. una vez finalizado su “parole”, lo cual implicaría un riesgo inminente de expulsión y sus severas consecuencias.
“Pueden permanecer en el país después de que expire su ‘parole’ y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, sentenció.
Esta decisión marca el segundo respaldo del Tribunal Supremo a las políticas migratorias del expresidente en lo que va del año. Días atrás, la corte permitió a Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350,000 migrantes venezolanos. Durante su retorno a la Casa Blanca, Trump prometió una política migratoria más estricta, incluyendo la expulsión de millones de personas.
El “parole humanitario” fue ampliado en enero de 2023 por el entonces presidente Joe Biden para facilitar la entrada legal de ciudadanos de los países mencionados, que figuraban entre los principales grupos migrantes en la frontera sur. Organizaciones defensoras de derechos migrantes condenaron el fallo del Supremo.
“La decisión de hoy representa la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna”, declaró Karen Tumlin, directora del Justice Action Center.
Tumlin añadió que la Corte Suprema facultó a la Administración Trump para generar un caos generalizado que impacta a sus clientes, demandantes, familias, empleos y comunidades.
“La Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”, manifestó.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, señaló que la mayoría de los afectados han cumplido con los requisitos legales establecidos.
“La población afectada, la mayoría residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el Gobierno federal de EE. UU. les ha pedido, ya que ingresaron de forma legal al país con un permiso de estancia legal de dos años”, sostuvo.
Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, advirtió que la lucha judicial continuará.
“La Administración Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos”, afirmó.
