La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este jueves la demanda interpuesta por el Gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses, cerrando así un litigio que buscaba responsabilizar a la industria por el flujo ilegal de armamento hacia el territorio nacional.
El máximo tribunal resolvió de manera unánime que los señalamientos de México no superan el amparo legal que protege a los fabricantes bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, vigente desde 2005. Esta norma impide iniciar procesos judiciales por el uso criminal de armas, salvo en casos excepcionales.
La querella, presentada en 2021, apuntaba a compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, a las que acusaba de contribuir, directa o indirectamente, a la violencia armada en el país. México exigía una compensación de 10 mil millones de dólares, argumentando que dichas empresas habían incurrido en negligencia al permitir la proliferación de sus productos entre redes criminales.
Durante el proceso, el Gobierno mexicano basó su acusación en una cláusula legal que permite excepciones si se demuestra que una empresa ha violado deliberadamente la legislación vigente sobre armas. No obstante, el fallo redactado por la jueza Elena Kagan concluyó que los argumentos del demandante no demostraron que las firmas hubieran actuado con conocimiento de causa ni con la intención de facilitar el tráfico ilícito.
En contraste con Estados Unidos —donde la portación de armas cuenta con protección constitucional—, México mantiene un marco legal restrictivo en la materia. Este contraste ha sido motivo de fricciones diplomáticas, especialmente ante el impacto del tráfico de armas en la seguridad nacional.
A lo largo del litigio, México sostuvo que la impunidad con la que se comercian armas en EE. UU. repercute directamente en la violencia del país. En contraparte, sectores políticos estadounidenses acusaron al gobierno mexicano de tolerar el narcotráfico y facilitar el ingreso de fentanilo al norte del continente.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha insistido en que los cárteles operan con capacidad bélica gracias al fácil acceso a armamento fabricado en Estados Unidos. Con esta resolución, el país enfrenta un revés judicial, aunque el gobierno federal adelantó que seguirá explorando vías legales para frenar el tráfico de armas hacia México.
Con información de EFE
