La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) condenó el reciente aumento de hasta el 7 por ciento en las tarifas de Uber, al considerarlo una decisión unilateral que contradice los acuerdos establecidos en el marco de la reforma laboral en plataformas digitales.
La dependencia federal cuestionó la justificación presentada por la empresa de transporte, que atribuye el alza a presuntos impactos derivados del nuevo marco legal. A través de un comunicado oficial, señaló que dicha explicación “carece de sustento alguno” y representa un incumplimiento de los compromisos previamente establecidos con las autoridades mexicanas.
De acuerdo con la STPS, las empresas involucradas en el programa piloto para la incorporación de repartidores y conductores al régimen de seguridad social se comprometieron expresamente a no modificar sus tarifas ni perjudicar los ingresos de trabajadores ni consumidores.
La dependencia subrayó que, a apenas dos semanas del inicio del piloto obligatorio, aún no existe una estimación clara del impacto económico real para las plataformas digitales ni un registro consolidado del número de trabajadores formalmente incorporados.
“El modelo de negocio de Uber y similares extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor”, denunció la STPS.
Frente a este panorama, el Gobierno de México anunció la implementación de operativos a nivel nacional para supervisar las políticas tarifarias de las empresas del sector.
Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y sancionar prácticas que resulten injustificadas o perjudiciales para la ciudadanía.
La Profeco, por su parte, hizo un llamado a Uber para que respete el derecho de sus usuarios a ser informados oportunamente sobre cualquier modificación en las condiciones de sus servicios. Enfatizó que, antes de aplicar ajustes tarifarios, la plataforma debe garantizar que los consumidores reciban la notificación correspondiente y otorguen su consentimiento.
“La ley protege el derecho de los usuarios a conocer y aceptar de forma explícita cualquier cambio en los precios, tarifas o condiciones del servicio que contrataron”, indicó la dependencia, en referencia al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ambas instituciones coincidieron en que la reforma laboral en plataformas digitales no busca generar cargas económicas injustificadas, sino garantizar condiciones de trabajo dignas y una adecuada protección social para quienes laboran en el sector.
“La reforma laboral en plataformas digitales busca fundamentalmente dignificar el trabajo y otorgar protección social a cientos de miles de trabajadores, garantizando condiciones laborales justas y adecuadas”, reiteró la STPS.
Finalmente, el gobierno federal exhortó a todas las empresas del sector a conducirse con responsabilidad social, evitar decisiones que afecten la economía de las familias mexicanas y respetar los acuerdos asumidos en el marco de esta transformación legal.
