La disputa por el litio en México desató una compleja red de intereses geopolíticos, económicos y criminales que alcanzó desde las oficinas del poder federal hasta las zonas más vulnerables del país.
Así lo planteó el periodista y escritor J. Jesús Lemus en su más reciente obra La Guerra del litio, donde expone cómo la administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2024, emprendió una estrategia de nacionalización del recurso y mantuvo en la sombra aspectos clave de su explotación.
El autor sostiene que, más allá del discurso oficial, se ocultaron datos sustanciales sobre los yacimientos y las operaciones mineras en territorio nacional. En ese contexto, Lemus señala una operación sistemática para desinformar a la ciudadanía sobre el potencial económico del litio, un mineral fundamental para la industria tecnológica global, particularmente en la producción de baterías.
“Tenemos un gran discurso y corrupción en torno al litio (…) Para el Gobierno fue muy cómodo esconder la minería. No hablo de partidos, ni del PRI ni del PAN ni de Morena. Estoy hablando de una estrategia de Estado”, afirmó Lemus.
Según el periodista, en México existían alrededor de 300 sitios con presencia de litio, pero más de 200 fueron eliminados del inventario oficial, reduciendo la cifra reconocida a solo 82. Atribuyó esta decisión a una política deliberada del Ejecutivo federal para mantener el control centralizado sobre las licitaciones y evitar la participación abierta de inversionistas mexicanos.
La empresa estatal LitioMx, fundada como parte de este proceso de nacionalización, opera actualmente con un presupuesto asignado de 12.9 millones de pesos, destinado a la investigación y desarrollo de nuevos planes de aprovechamiento. No obstante, la estructura gubernamental para regular la minería se ha visto debilitada.
“Antes teníamos una Secretaría de Minas. Hoy tenemos una Dirección de Minas que pertenece a una Secretaría de Economía y es una oficinita”, comentó Lemus, cuestionando la capacidad institucional para supervisar esta industria estratégica.
El periodista también denunció que actores internacionales, especialmente de China, Canadá y Estados Unidos, mantuvieron una presencia activa en la extracción de recursos pese a los discursos oficiales. A su juicio, existe un “entendimiento transnacional” que desplazó a los empresarios nacionales y operó bajo acuerdos no transparentes.
En el ámbito diplomático, Lemus sostuvo que el litio se convirtió en moneda de negociación entre México y Estados Unidos. Aseguró que Washington utilizó la captura de capos del narcotráfico como mecanismo de presión para obtener concesiones sobre este mineral.
“Esta presión del (presidente de Estados Unidos), Donald Trump, de ir por los ‘narcoterroristas’ le dolió mucho al gobierno mexicano, que confundió la dignidad nacional con la defensa de los narcotraficantes. Trump, para sacar tajada, dijo: ‘no voy a perseguir a López Obrador ni a nadie vinculado con el narcotráfico, pero a mí dame concesiones de litio para esta y esta otra empresa’”, denunció el autor.
El potencial del litio, argumentó, podría superar los ingresos que México obtuvo por turismo o remesas —estas últimas equivalentes al 4% del PIB nacional en 2024— si no fuera por el dominio extranjero y el vínculo con organizaciones criminales. La violencia en estados como Sonora, donde ocurrió la masacre de la familia LeBarón en 2019, estaría relacionada con el interés por controlar regiones ricas en este recurso.
Lemus alertó sobre un patrón de “despoblamiento” en zonas clave para el litio, lo que facilitó la adjudicación de concesiones a intereses foráneos bajo contextos de miedo e inseguridad.
“Son un ejemplo de zonas aledañas a territorios ricos en litio que se han dedicado a despoblar para generar miedo y crear concesiones que van a parar a EE.UU.”, afirmó el periodista.
En ese mismo sentido, advirtió que la inclusión del litio mexicano en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos convierte a entidades como Sonora en puntos de interés estratégico más allá de los temas fronterizos o de tráfico de drogas.
“La capital de México ya no es la Ciudad de México, es Sonora para los intereses norteamericanos”, concluyó.
Con información de EFE
