A partir del 28 de julio comenzará un proceso de consulta pública en la capital del país para construir de manera participativa una política integral contra la gentrificación.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció este martes el arranque del Bando Número 1, documento base de una estrategia urbana centrada en el derecho a la vivienda, la permanencia comunitaria y el control a la especulación inmobiliaria.
La mandataria explicó que el bando establece los principios rectores de una nueva política urbana que pretende dar respuesta al aumento de precios de renta, la expulsión de residentes y la pérdida del tejido social en colonias tradicionales de la ciudad.
“No aceptamos que el desarrollo signifique exclusión, desarraigo o desplazamiento. La ciudad debe construirse con su gente y para su gente”, afirmó Brugada.
La mandataria capitalina indicó que entre las primeras acciones está la realización de diálogos territoriales en nueve colonias donde los efectos de la gentrificación han sido más visibles: Condesa, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Roma Norte, Roma Sur, Juárez, Escandón, Doctores y San Miguel Chapultepec.
Las actividades se desarrollarán del 28 de julio al 9 de agosto en espacios públicos como la Plaza Tlatelolco, el Parque México, el Jardín Ramón López Velarde y la Zona Rosa.
Además, manifestó que el gobierno capitalino instalará mesas sectoriales del 1 al 29 de agosto para dialogar con colectivos culturales, movimientos urbanos, desarrolladores inmobiliarios, inquilinos, arrendadores, personas desplazadas, jóvenes y anfitriones de plataformas de renta temporal. La intención es que cada grupo exponga propuestas específicas según su experiencia en torno al fenómeno.
El tercer componente del proceso son los foros temáticos, que se realizarán entre el 11 y el 29 de agosto. Ahí se discutirán temas estructurales como la producción de suelo y vivienda asequible, las zonas de atención inmobiliaria, la regulación de precios de alquiler, el arraigo barrial, la defensoría inquilinaria y la ley de rentas justas.
“La Ciudad de México no es un bien de consumo; es un proyecto social profundamente humano y cultural”, señaló Brugada.
Además, reiteró que esta política parte del diálogo con la ciudadanía y no de intereses especulativos. La estrategia se basa en cuatro ejes centrales: garantizar el derecho de las personas a permanecer en sus comunidades, priorizar el interés social por encima del económico, preservar el patrimonio afectivo y cultural de los barrios, y reconocer la ciudad como un proyecto social incluyente.
En cuanto al componente normativo, Brugada adelantó que en agosto se presentará una iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles. Esta incluirá un índice de precios de renta, directrices para regular plataformas digitales de hospedaje y la creación de una defensoría pública para garantizar los derechos tanto de inquilinos como de arrendadores.
Asimismo, este viernes se darán a conocer medidas administrativas para facilitar el acceso a la vivienda a través de la simplificación de trámites. En dos semanas, se presentarán propuestas específicas para intervenir en zonas con mayor tensión inmobiliaria.
Brugada reiteró que como parte del enfoque integral, el gobierno también prepara un plan para fortalecer el pequeño comercio y proteger la economía local frente a los efectos de la gentrificación. El Plan Maestro para las zonas afectadas, que integrará las propuestas surgidas durante las consultas, se dará a conocer en septiembre.
Por su parte, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, enfatizó que la meta es construir una política pública sólida y sustentada en la participación social.
“El segundo bloque son los diálogos sectoriales que se desarrollarán entre el 1 y el 29 de agosto, en donde se atenderán, en lo particular, nueve componentes: el asunto vinculado con una población vulnerable, de los jóvenes y todas las personas afectadas en su derecho a la vivienda”, explicó.
Encinas añadió que las medidas anunciadas buscan intervenir en zonas específicas sin replicar fórmulas generales, a fin de atender los desequilibrios provocados por la presión del mercado sobre los entornos comunitarios.
El proceso de consulta convocado por el gobierno busca, según se señaló, revertir un modelo urbano que ha favorecido la expulsión de residentes y sentar las bases para una ciudad más equitativa y socialmente construida.
