La implementación de una ley australiana que prohibirá el acceso de menores de 16 años a las redes sociales dio un paso clave este viernes, luego de que un estudio técnico independiente confirmara que existen mecanismos viables y eficaces para verificar la edad de los usuarios.
La norma, aprobada en noviembre de 2024, entrará en vigor a finales de este año y contempla multas millonarias para las plataformas que incumplan.
El informe preliminar, elaborado por la organización independiente Age Assurance Technology Trial por encargo del Gobierno federal, concluye que la verificación de edad es “posible mediante sistemas robustos” ya disponibles en el mercado. Entre ellos se destacan herramientas como la estimación facial, los controles parentales, la validación cruzada de datos de nacimiento y la comprobación en tiendas de aplicaciones.
“La verificación de edad es técnicamente viable y puede integrarse con flexibilidad en los servicios existentes”, afirmó Tony Allen, director del informe.
El estudio —cuyo documento final será entregado al Ejecutivo a finales de año— sostiene que no se hallaron limitaciones tecnológicas sustanciales para implementar el veto. Aun así, advierte que, debido a la rapidez con la que evoluciona el entorno digital, los sistemas deberán ser sometidos a una supervisión constante y mejoras continuas.
Tecnología bajo prueba
Entre las soluciones analizadas, el sistema de estimación facial fue uno de los más destacados. Según la cadena pública ABC, el software alcanzó una tasa de precisión del 85 % al identificar rostros, con un margen de error de aproximadamente 18 meses en el cálculo de edad. Aunque no existe un método único que garantice resultados universales, los evaluadores subrayan que los mecanismos son seguros frente a suplantaciones de identidad, incluso aquellas generadas con inteligencia artificial.
Marco legal y cuestionamientos
La norma, considerada pionera a nivel internacional, fue aprobada por el Senado australiano en noviembre de 2024. Establece que la responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae sobre las propias plataformas, como Meta (Facebook, Instagram), TikTok, Reddit y X. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 28 millones de euros).
Sin embargo, la ley no incluye penalizaciones para los usuarios y exime a servicios considerados de “bajo riesgo”, como YouTube, una exclusión que fue cuestionada por compañías como Meta, que la calificaron como “una burla a la intención del Gobierno” de proteger a los menores.
Desde su fase de borrador, la iniciativa recibió críticas de varias tecnológicas. X, por ejemplo, puso en duda su legalidad al considerar que podría entrar en conflicto con tratados internacionales firmados por Australia. Otras empresas solicitaron más tiempo para desarrollar tecnologías de verificación antes de su entrada en vigor.
Posturas divergentes
El debate en torno a la ley también ha generado fricciones dentro del espectro político y entre organizaciones sociales. El Partido Verde australiano la calificó de “defectuosa” y “peligrosa”, al tiempo que alertó sobre posibles impactos negativos en adolescentes vulnerables, especialmente en comunidades LGTBI+ rurales, donde las redes sociales representan espacios clave de apoyo emocional.
Amnistía Internacional, por su parte, cuestionó que la normativa no ataca el problema estructural de fondo: la lógica de plataformas que “se benefician de contenido nocivo, algoritmos adictivos y vigilancia a gran escala”.
Tendencia internacional
Australia no es el único país que busca limitar el acceso de menores a plataformas digitales. La Comisión Europea trabaja en una guía para fijar la edad mínima para el uso de redes sociales, como parte de la Ley de Servicios Digitales. Entre las medidas propuestas se incluyen perfiles privados por defecto, restricciones en las notificaciones y limitaciones en la recomendación de contenidos.
Asimismo, un grupo liderado por España, Francia y Grecia ha propuesto obligar a los fabricantes de dispositivos a integrar herramientas de control parental y verificación de edad como estándar.
Con información de EFE
