El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, expresó su preocupación ante la iniciativa presentada por el Ejecutivo en materia de personas desaparecidas.
El senador argumentó que esta propuesta otorga facultades excesivas al gobierno sin establecer mecanismos de control ni rendición de cuentas.
Anaya señaló que la iniciativa contempla el acceso del gobierno a bases de datos de servicios financieros, transporte, salud, telecomunicaciones, plataformas de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre, registros patronales de seguridad social e incluso listas de organizaciones religiosas.
Además, enfatizó que se prevé la entrega de información personal y biométrica de los ciudadanos, incluyendo huellas dactilares y fotografías almacenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Lo que nos parece gravísimo es que, sin controles democráticos, el gobierno pueda tener acceso a los biométricos y bases de datos de absolutamente todas las empresas y organismos privados y públicos”, advirtió Anaya.
El senador panista afirmó que su bancada coincide en la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, pero sin vulnerar la privacidad de la ciudadanía. Propuso que se establezcan controles claros, como la obligación de justificar cualquier solicitud de información y garantizar transparencia en el uso de los datos.
“Cada vez que un órgano de gobierno pida información de un ciudadano, debe justificar por qué la solicita y posteriormente transparentar de quiénes ha requerido información”, subrayó el legislador.
En el contexto de la discusión, Anaya alertó sobre el uso político que podría darse a estos datos y recordó casos anteriores en los que se ha exhibido información privada de periodistas, activistas y opositores.
“Toda esta información en las manos equivocadas puede hacer muchísimo daño en el país”, sostuvo.
El senador también mencionó un elemento adicional que considera preocupante: la posibilidad de que el gobierno de México comparta esta información con autoridades extranjeras.
Anaya citó declaraciones de la secretaria de Seguridad Pública de Estados Unidos, quien aseguró que en una reunión con la presidenta de México se solicitó acceso a los datos biométricos de los ciudadanos mexicanos.
“Según la funcionaria estadounidense, la presidenta de México se mostró abierta a esa posibilidad, a pesar de que en México podría generar enorme controversia”, indicó Anaya.
Asimismo, Anaya cuestionó la intención de utilizar la tragedia ocurrida en el rancho Izaguirre como argumento para justificar la recolección masiva de datos personales.
“Nos parece delicado que se quiera utilizar una enorme tragedia para obtener información que en otras circunstancias los ciudadanos no estarían dispuestos a entregarle al gobierno”, afirmó.
Sobre la Ley de Seguridad Nacional y de Inteligencia que se discute en la Cámara de Diputados, Anaya advirtió que la iniciativa en materia de personas desaparecidas plantea riesgos aún mayores en términos de invasión a la privacidad, al incluir la recolección de datos de telecomunicaciones, universidades, hospitales y servicios de paquetería.
“Eso no puede ser. Claro que el gobierno tiene que tener las herramientas para encontrar a las personas desaparecidas, pero no podemos entregar un cheque en blanco sin controles”, enfatizó.
El PAN adelantó que analizará la iniciativa y buscará modificaciones para evitar abusos en el acceso a la información de la ciudadanía.
“Claro que el gobierno debe tener herramientas para encontrar a los desaparecidos, pero no podemos entregar un cheque en blanco sin controles”, concluyó el senador.
