La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias argentinas escaló esta semana con la presentación de un proyecto de ley en el Senado que busca modificar el mecanismo de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo reservado para emergencias y desequilibrios financieros de las jurisdicciones subnacionales.
Gobernadores de los 23 distritos y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsaron la iniciativa en un intento por revertir lo que consideran una política centralista y discrecional en el manejo de los recursos federales.
La propuesta apunta a que los ATN, que representan el 1 % de la recaudación de impuestos coparticipables, se distribuyan de manera automática y proporcional, conforme a los criterios de coparticipación vigentes. Actualmente, el Ejecutivo nacional administra estos fondos con discrecionalidad, lo que ha generado fuertes disparidades en su asignación y un uso parcial de los recursos disponibles.
Según datos de la consultora Politikón Chaco, en lo que va de 2024, el Gobierno de Javier Milei ejecutó apenas el 7 % del total de los ATN disponibles. En los primeros cinco meses del año, la ejecución llegó al 22 %, lo que marca un subejercicio evidente frente a años anteriores.
Además, al menos ocho distritos, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, no han recibido un solo peso de estos aportes durante la actual gestión.
Los gobernadores aseguraron que el reparto actual no solo es inequitativo, sino que profundiza las dificultades fiscales de las provincias en un contexto de severa reducción de transferencias por parte de la Nación.
En 2023, el monto girado por ATN ascendió a 173.000 millones de pesos, mientras que en 2024 se redujo a 49.800 millones. Para 2025, el acumulado a la fecha es de apenas 84.000 millones, cifras que pierden aún más peso real ante una inflación acumulada cercana al 200 % desde diciembre pasado.
El oficialismo rechazó el proyecto argumentando que compromete la meta de equilibrio fiscal. Aunque el dinero del fondo ATN no puede ser utilizado para otros fines, al no distribuirse permite reducir el gasto del Gobierno nacional y mejorar su resultado primario. De esta forma, el Ejecutivo utilizó el subejercicio del fondo como herramienta para sostener su programa de ajuste.
Frente a esto, los mandatarios provinciales manifestaron que la reforma no pone en riesgo la sostenibilidad financiera nacional. Sus estimaciones indicaron que el impacto en las cuentas del Estado sería de apenas 0,11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
En este escenario, el superávit primario proyectado por el Gobierno del 1,60 % del PIB se reduciría al 1,49 %, aún por encima del 1,30 % exigido por el Fondo Monetario Internacional como meta para 2025.
El proyecto también propone eliminar fideicomisos actualmente financiados con lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Esta medida permitiría que las provincias pasen de recibir el 10,4 % a un 58,36 % de los recursos provenientes de dicho tributo, según el nuevo esquema.
La discusión pone en evidencia las tensiones estructurales del federalismo fiscal argentino y reaviva el debate sobre la distribución de poder entre la Nación y las provincias. Mientras el Gobierno defiende su política de disciplina fiscal, los gobernadores exigen reglas claras y equitativas que garanticen la autonomía financiera de los distritos.
—Esta medida busca proteger a las provincias frente a criterios discrecionales que las dejan al margen de la asistencia nacional—, señalaron desde el bloque impulsor del proyecto, justificando la necesidad de institucionalizar un mecanismo de reparto que evite favoritismos y asegure estabilidad presupuestaria en todas las regiones del país.
Con información de EFE
