La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), expresó su preocupación ante el incremento de acciones que, a su juicio, vulneran la libertad de expresión y afectan directamente a periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos en distintas regiones del país.
De acuerdo con el comunicado difundido por la organización en redes sociales, la BMA identificó diversas formas de censura que van desde el uso de mecanismos legales para sancionar la crítica pública hasta la criminalización directa del ejercicio de este derecho fundamental.
“La libertad de expresión es piedra angular de toda democracia, reconocida como Derecho Humano por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales”, subrayó la organización.
Tras esta afirmación, la Barra Mexicana alertó que tales prácticas no solo limitan la libre expresión, sino que representan un peligro para el orden constitucional.
“Cualquier intento de silenciar voces críticas, manipular la información pública o restringir el debate libre y plural constituye una inadmisible amenaza directa al Estado Constitucional de Derecho y a la convivencia democrática”, puntualizó.
En este contexto, la asociación jurídica señaló con alarma prácticas como la utilización de procedimientos legales o administrativos para intimidar a quienes emiten opiniones críticas, así como la intervención de instituciones para censurar contenido periodístico.
“El uso del poder y sus instituciones para intimidar a los medios de comunicación para inhibir la libertad de prensa”, denunció el organismo como una de las situaciones más preocupantes.
La BMA también hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que garanticen plenamente el derecho a la libre expresión, al tiempo que exhortó a los organismos autónomos y al Poder Judicial a actuar con firmeza frente a cualquier transgresión en esta materia.
Finalmente, reiteró su compromiso con los principios democráticos, la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos.
“No puede haber justicia sin libertad. No puede haber democracia sin voces libres”, concluyó Ana María Kudisch Castelló, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados comprometida con la defensa del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los recurrentes actos de censura, restricciones indebidas a la libertad de expresión y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación,… pic.twitter.com/HtTGzfiuvd
— Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (@BMA_Abogados) August 4, 2025
El pronunciamiento ocurre en medio de recientes casos documentados en Campeche y otras entidades, donde se han registrado acciones que involucran sanciones judiciales a medios de comunicación y ciudadanos.
Tal es el caso del medio Tribuna Campeche, donde un juez impuso una medida que obliga al medio a entregar los datos de su community manager para que un censor judicial revise sus publicaciones, prohibiendo específicamente mencionar a la gobernadora del estado. En caso de incumplir dicha orden, se amenaza con una multa a su editora.
Además, aunque el periodista Jorge Luis González fue vinculado a proceso por presunta incitación al odio, no existe evidencia de que se le haya prohibido ejercer el periodismo durante el proceso; tal versión no coincide con la descripción de las medidas cautelares actuales, que se centran en el control previo del contenido del medio.
En paralelo, el caso de la ciudadana Karla Estrella ha generado polémica por el uso del sistema electoral para sancionar opiniones vertidas en redes sociales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que incurrió en violencia política de género contra una diputada, obligándola a ofrecer disculpas públicas diarias durante 30 días, además de otras medidas como una multa, cursos de género, lectura especializada y su inscripción por 18 meses en el registro de personas sancionadas por esta causa.
En cumplimiento de la resolución, Estrella ha publicado en su cuenta de X un mensaje diario dirigido a “DATO PROTEGIDO”, denominación usada en la sentencia para referirse a la diputada, lo que ha sido entendido por algunos sectores como una forma de censura institucional encubierta.
Estos dos casos de acuerdo con la BMA, —uno judicial contra un medio y otro contra una ciudadana común que opinó en redes— ilustran un uso de instrumentos legales para regular la expresión pública bajo pretextos de daño moral o violencia política.
En este contexto, se refuerza la alerta de la BMA sobre los riesgos que implican estas prácticas para el pluralismo, el debate libre y la convivencia democrática.
