La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo, aprobó recientemente una serie de reformas a la Constitución que permitirían la reelección presidencial indefinida, amplían el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.
La decisión, adoptada el 31 de julio en una sola sesión legislativa, ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
De acuerdo con los cambios, los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna fueron modificados sin previo análisis ni deliberación parlamentaria.
La medida fue interpretada por diversas voces como un intento de consolidar el poder del presidente Nayib Bukele, quien ya fue reelecto en 2024 y ahora tendría la vía abierta para optar por un tercer mandato consecutivo.
En este contexto, diversas organizaciones nacionales e internacionales cuestionaron el contenido y el proceso con que se llevaron a cabo estas reformas. Desde la organización Cristosal, su director, Noah Bullock, rechazó que estas modificaciones representen un avance institucional.
“No pueden entenderse como una modernización del sistema político de El Salvador”, afirmó Bullock.
El director de la organización agregó que los cambios siguen patrones observados en países con regímenes autoritarios, lo que, a su juicio, refleja una tendencia preocupante.
“Se entiende como la repetición de un modelo autócrata de otros países como Venezuela, Nicaragua, China y Rusia”, indicó.
Bullock también subrayó que esta acción legislativa forma parte de un proceso más amplio de concentración de poder, marcado por el hostigamiento a la prensa y a organizaciones de la sociedad civil.
“Esa medida es la culminación de un proceso sistemático de represión que ha llevado al exilio o la cárcel a periodistas, defensores de derechos humanos, e impuso un estado de autocensura y silencio a la población”, sostuvo.
A su vez, la reforma es interpretada como una muestra del alineamiento del país con modelos autoritarios, lo que podría incidir en su relación con la comunidad internacional.
“El Salvador se suma a la fila de otros países con regímenes autoritarios, y a nivel de diplomacia internacional, este tipo de países han estado dispuestos a ponerse de acuerdo sobre la base de sus intereses, de manera indiferente a la garantía de derechos humanos”, añadió Bullock.
Por su parte, Human Rights Watch también expresó su preocupación ante lo que considera un retroceso institucional. Según Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas del organismo, los cambios constitucionales representan una amenaza para el sistema democrático del país.
“El partido oficialista Nuevas Ideas, del presidente Bukele, está recorriendo el mismo camino que Venezuela”, declaró Goebertus.
En la misma línea, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) criticó con firmeza la eliminación de los límites al mandato presidencial.
“Una flagrante manipulación de la Constitución de El Salvador, que elimina los límites al mandato presidencial, otorgando a Bukele reelecciones ilimitadas y mandatos de seis años”, denunció la organización en un comunicado.
Desde la cuenta oficial de WOLA en la red social X, la organización advirtió sobre el impacto acumulativo de estas decisiones en la democracia salvadoreña.
“A esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia democracia”, publicó.
🇸🇻 WOLA condena la flagrante manipulación de la Constitución de #ElSalvador, lo que otorga a Bukele reelecciones ilimitadas y mandatos de seis años. A esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia #democracia. 🚨
— WOLA (@WOLA_org) August 1, 2025
Con información de EFE
