¿Justicia o politización? JUFED advierte infiltración del crimen organizado en elección de magistrados

Dado que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto restricciones estrictas en cuanto a financiamiento y publicidad, muchos aspirantes han recurrido a métodos creativos en redes sociales para captar la atención del electorado.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su respaldo al pronunciamiento emitido por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), liderada por Marcelo Gallo Tagle, en el que se defiende la independencia judicial y la separación de poderes en México.

En un comunicado, JUFED reiteró su oposición a la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre de 2024, la cual establece la elección popular como mecanismo de designación de jueces y magistrados. Según la organización, esta medida atenta contra la imparcialidad del Poder Judicial y representa un riesgo para la autonomía de la justicia en el país.

La agrupación judicial advirtió que la reforma abre la posibilidad de que intereses políticos y del crimen organizado influyan en los procesos de selección de jueces, debilitando así el Estado de derecho.

“No puede haber justicia imparcial cuando el acceso a la judicatura depende del voto popular, cuando las campañas electorales se imponen sobre el mérito profesional, y cuando el crimen organizado encuentra una nueva puerta de entrada a las instituciones a través del financiamiento de candidaturas judiciales”, subrayó JUFED.

La organización calificó la reforma como un ejemplo de “constitucionalismo abusivo”, pues considera que somete al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo y el Legislativo, erosionando su función de contrapeso y debilitando la defensa de los derechos humanos y de las minorías.

En este sentido, afirmó que el papel de los jueces no es “complacer al poder político ni congraciarse con el electorado”, sino “proteger la Constitución, defender los derechos fundamentales y asegurar un sistema de pesos y contrapesos real y efectivo”.

Finalmente, JUFED hizo un llamado a la sociedad, a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para que se pronuncien en contra de esta reforma, la cual, según la organización, pone en riesgo la independencia judicial y la democracia en México.

Controversia en la elección de jueces y magistrados en México

La elección de jueces y magistrados en México está programada para el 1 de junio de 2025. Este proceso, derivado de la reforma constitucional aprobada en septiembre del año pasado, ha generado una serie de controversias y desafíos logísticos. La reforma establece que los ciudadanos elegirán directamente a 881 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de distrito.

Las campañas electorales comenzaron el 30 de marzo de 2025, con más de 3,000 candidatos compitiendo por los puestos disponibles. Dado que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto restricciones estrictas en cuanto a financiamiento y publicidad, muchos aspirantes han recurrido a métodos creativos en redes sociales para captar la atención del electorado.

Además, ha surgido un conflicto entre el gobierno federal y el INE. La presidenta Claudia Sheinbaum y el Congreso, de mayoría oficialista, impugnaron las restricciones del INE que prohíben a funcionarios públicos promover los comicios utilizando recursos estatales. Este enfrentamiento legal busca flexibilizar las reglas de campaña y ha añadido tensión al proceso electoral.

La implementación de esta reforma ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, que argumentan que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial y abrir la puerta a influencias externas en el sistema de justicia.

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