Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, señalando que ocho entidades del país representan el 66% de los casos registrados de este delito, que es uno de los más comunes y que afecta significativamente la vida económica y emocional de las víctimas.
Durante una conferencia realizada ayer domingo, el funcionario detalló que el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán encabezan la lista de incidencia, siendo el primero de ellos el que acumula más carpetas de investigación.
La estrategia contempla una intervención coordinada entre fuerzas federales y estatales, con énfasis en la inteligencia financiera, el rastreo de llamadas y operativos en penales. Entre las medidas inmediatas se encuentra la habilitación del número 089 como canal exclusivo para denunciar extorsiones de forma anónima y segura.
“La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a nuestra sociedad; no solo vulnera la seguridad de las personas, sino que lastima su estabilidad económica y afecta su salud emocional”, expresó García Harfuch.
Agregó que los operadores del número de denuncia serán capacitados para brindar atención especializada en situaciones de crisis, preservando siempre la confidencialidad de quienes reporten estos actos.
En el despliegue de esta política participarán la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia. Esta red interinstitucional permitirá implementar bloqueos de cuentas asociadas a cobros ilegales, así como órdenes judiciales para desactivar líneas y dispositivos celulares usados por extorsionadores.
Parte de la ofensiva también incluye inspecciones sorpresa en centros penitenciarios para localizar equipos utilizados desde el interior de los reclusorios, donde se origina un alto porcentaje de las llamadas de amenaza o engaño.
En ese sentido, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, subrayó que se enfrentan dos tipos de extorsión: la telefónica, que tiene su origen principalmente en penales estatales y federales, y la presencial, vinculada al cobro de “derecho de piso” en diversos puntos del país.
“La mayor parte de las extorsiones telefónicas vienen de las cárceles locales y federales”, advirtió el titular de la FGR.
Gertz anunció que el próximo 1 de agosto se convocará a los fiscales estatales del país para acordar un sistema unificado de información y denuncia, que permitirá integrar una base de datos común y facilitar el seguimiento de los casos.
“Convocaré a todos los fiscales de todo el país para establecer un compromiso de levantamiento de todas las denuncias en esta materia, un sistema común de información que vamos a hacer público”, señaló.
La iniciativa también contempla colaboración con el sector privado. Se capacitará a empleados bancarios y de tiendas de conveniencia para reconocer intentos de extorsión en operaciones comerciales. Además, se impartirán talleres de sensibilización a personal de hoteles, a fin de prevenir casos de secuestro virtual.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 96.7% de las extorsiones no se denuncia. Esta tendencia ha dificultado el combate al delito y ha obligado a empresas y negocios a destinar recursos a su autoprotección, lo que frena el desarrollo económico regional.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión, de acuerdo con las autoridades, busca revertir ese panorama mediante una intervención integral que fortalezca la prevención, la denuncia, la persecución del delito y la protección a las víctimas.
