Con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó el nombramiento de 56 magistradas y magistrados de tribunales electorales locales en 30 entidades federativas, alcanzando así la mayoría calificada requerida.
El proceso estuvo marcado por los reclamos de la oposición PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, que acusaron a Morena y sus aliados de imponer perfiles cercanos a la autodenominada Cuarta Transformación.
El acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presidida por el morenista Adán Augusto López Hernández, incluyó seis cambios de última hora en las propuestas de candidatos para Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Yucatán y Jalisco.
Durante la sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva entregó 121 cédulas de votación, mientras que siete, por indicación del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se mantuvieron a la vista de la asamblea.
Tras el conteo, Fernández Noroña leyó los nombres de los nuevos magistrados, quienes ejercerán el cargo por un periodo de siete años. Posteriormente, se tomó la protesta de ley a 51 de los 56 designados; los ausentes serán convocados en próximas sesiones.
La votación se llevó a cabo luego de que Morena, el PT y el PVEM lograran reagrupar a sus legisladores, incluyendo el llamado a suplentes que se encontraban fuera del país. Además, se realizaron reuniones privadas entre los coordinadores parlamentarios para asegurar la unidad de los votos.
Sin embargo, desde la tribuna, senadores de oposición manifestaron su inconformidad. La panista María de Jesús Díaz Marmolejo afirmó que “muchas de las personas evaluadas por la Comisión de Justicia no son aptas para el cargo”, al señalar que carecen de conocimientos en materia electoral y de perspectiva de género.
Previo a la votación, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, exhortó a sus colegas a votar en conciencia.
“Que nadie los presione y hagan lo correcto; no hagan lo contrario a lo que prometieron al pueblo de México sobre no robar, no mentir y no traicionar”, agregó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, también expresó su rechazo al proceso, advirtiendo que “con este acuerdo se compromete el devenir democrático de las entidades federativas, porque las hegemonías son perjudiciales para todas y todos”.
Criticó además que algunos de los nuevos magistrados, como en el caso de Jalisco, tienen vínculos familiares directos con representantes de Morena ante los órganos electorales locales, lo que calificó como “un acto de nepotismo”.
Desde el PRI, el senador Pablo Angulo Briseño reprochó que no se dieran a conocer de manera completa las modificaciones al listado previo. Ante ello, López Hernández respondió que “lo que debería lamentar el senador Angulo” es que su partido es “una cosa chiquita” tanto en el Pleno como en la Jucopo.
El proceso de nombramiento fue recibido con alegría por el bloque oficialista, mientras la oposición advirtió sobre las implicaciones para la imparcialidad de los tribunales electorales locales, en un contexto donde se definirá la legalidad de las elecciones estatales y municipales en los próximos años.
