El gobierno de México formalizó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano colegiado que dependerá directamente de la titular del Poder Ejecutivo Federal y cuyo encargo principal será la elaboración de un diagnóstico integral sobre el sistema electoral vigente, así como la construcción de una propuesta de reforma acorde con las actuales condiciones democráticas del país.
El decreto correspondiente fue publicado el lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece que la comisión estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030 o hasta que la Presidencia de la República determine su disolución.
Según el documento, la comisión será presidida por la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, y contará con una presidencia ejecutiva designada directamente por ella.
En ese cargo fue nombrado Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien encabezará los trabajos operativos de la comisión. Además, integrarán el órgano de manera permanente los titulares de diversas áreas del gobierno federal:
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno.
En este contexto, se precisó que cada integrante podrá designar un suplente con nivel mínimo de director general, mientras que la suplencia de la titular del Ejecutivo recaerá en la presidencia ejecutiva.
A su vez, la presidenta Sheinbaum explicó que esta comisión será la encargada de generar una propuesta que atienda las exigencias ciudadanas de mayor transparencia, participación y eficiencia en los procesos electorales.
“Esta comisión tendrá, entre otros encargos, analizar figuras como la representación popular y mecanismos de participación ciudadana”, refirió Sheinbaum el pasado 2 de agosto.
De acuerdo con el decreto, el grupo de trabajo podrá invitar a representantes de instituciones públicas o privadas, organismos autónomos, academia y sociedad civil. Sin embargo, su participación se limitará al carácter consultivo.
“La Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar con derecho a voz, pero sin voto”, detalla el documento.
Según lo estipulado en el segundo artículo transitorio del decreto, a partir de su entrada en vigor, se dispone de un plazo de diez días hábiles para que la comisión quede formalmente integrada.
Sumado a esto, se especifica que cualquier gasto generado por sus actividades deberá ser cubierto con cargo al presupuesto autorizado de las dependencias involucradas, sin asignaciones adicionales.
Esta iniciativa se presenta como una nueva tentativa de modificar el marco electoral en México, luego de que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la anterior propuesta de reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “Plan B”.
En contraste, la actual comisión busca retomar ese debate desde un enfoque institucional y con una composición directamente vinculada al Ejecutivo federal.
