El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, argumentando que ha conducido una campaña de carácter político y económico contra Israel y sus aliados.
Las medidas, anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio, incluyen el congelamiento de activos y la cancelación de su visa estadounidense. Estas acciones están respaldadas por una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump en febrero, la cual autoriza sanciones contra individuos que cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI) en investigaciones relacionadas con Israel.
Rubio sostuvo que la relatora ha rebasado su función como observadora internacional y ha mostrado una postura incompatible con la neutralidad diplomática.
“La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, publicó el funcionario en su cuenta oficial de la red social X.
Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025
Albanese’s campaign of political and economic…
Albanese, de origen italiano, ocupa el cargo desde 2022 y ha sido una de las voces más críticas hacia la política militar de Israel en Gaza. En sus informes recientes, ha acusado al gobierno israelí de cometer crímenes de guerra, incluso de llevar a cabo actos que podrían constituir genocidio.
El Departamento de Estado también la señala por haber cooperado con la CPI en la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Según el gobierno estadounidense, esta colaboración representa una acción directa que atenta contra los intereses estratégicos de sus aliados.
En una declaración difundida junto con el anuncio de las sanciones, Rubio afirmó que la funcionaria está descalificada para seguir desempeñando su cargo por haber incurrido en reiteradas expresiones de intolerancia.
“Ha expresado un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente”, declaró el secretario de Estado.
Las críticas se acentuaron luego de que Albanese publicara un informe señalando a grandes firmas financieras internacionales por beneficiarse económicamente del conflicto armado.
En ese documento, acusó a empresas como BlackRock y Vanguard de participar, directa o indirectamente, en un sistema económico basado en el sufrimiento humano. Estas corporaciones, indicó, habrían incurrido en “graves violaciones del derecho internacional” al lucrarse con lo que denominó una “economía del genocidio”.
También recomendó a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones hacia las compañías señaladas, por considerar que su implicación financiera podría constituir responsabilidad corporativa en el contexto de la guerra.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Organización de las Naciones Unidas ni la propia Francesca Albanese han emitido un pronunciamiento oficial respecto a las sanciones anunciadas por Washington.
Con información de EFE