Con la reciente aprobación del presupuesto federal impulsado por el expresidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se consolidará como la agencia de seguridad con mayor financiamiento en Estados Unidos, superando incluso la suma del resto de los organismos de orden federal.
El plan presupuestal, firmado el pasado 4 de julio, contempla una asignación de 75.000 millones de dólares para el ICE hasta 2029.
La cifra proyecta una expansión sin precedentes de sus capacidades operativas, al destinarse 45.000 millones exclusivamente a la creación de nuevos centros de detención migratoria, lo que permitiría mantener bajo custodia a cerca de 116.000 personas por día. Esta cantidad representa un aumento del 62 % respecto al sistema federal de prisiones.
A la par, el presupuesto incluye 30.000 millones de dólares adicionales para operativos migratorios, con los que se prevé la contratación de 10.000 agentes nuevos, quienes se sumarán a los más de 20.000 elementos ya activos. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esto permitiría ejecutar hasta un millón de deportaciones anuales, una cifra récord en el país.
La expansión no se limita al ICE. El presupuesto prevé 4.100 millones de dólares para integrar 3.000 nuevos agentes a la Patrulla Fronteriza y una cantidad similar de oficiales a la Oficina de Aduanas.
En conjunto, los recursos otorgados posicionan a las agencias migratorias por encima del FBI, el Servicio Secreto, la DEA, el Departamento de Justicia, la ATF y el resto del DHS en términos de financiamiento operativo, de acuerdo con un informe del Instituto Cato.
Un análisis de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) señala que el presupuesto destinado al ICE lo coloca entre los seis cuerpos de seguridad más poderosos del mundo en términos de inversión, solo por debajo de los ejércitos de EE. UU., China, Rusia, India y Arabia Saudí.
El crecimiento presupuestal generó preocupación en organizaciones civiles, que alertaron sobre el impacto que esto podría tener en los derechos humanos, especialmente considerando que once migrantes han fallecido bajo custodia del ICE en lo que va del actual año fiscal.
“Creemos que es indignante que exista un incremento tan dramático a un departamento que, a lo largo de los últimos meses, ha trabajado para aterrorizar comunidades, individuos, familias, vecindarios, de un punto del país a otro”, denunció Neera Tanden, presidenta del Center for American Progress (CAP).
El fundador de America’s Voice, Frank Sharry, también expresó su inquietud por la expansión de poderes del ICE y la posibilidad de abusos:
“Esto está potenciando una versión americanizada de la policía secreta que, es probable, irá más allá de inmigrantes indocumentados inocentes hasta llegar a inmigrantes legales y ciudadanos”, manifestó.
El presupuesto para la política migratoria asciende a casi 170.000 millones de dólares si se consideran otros rubros incluidos, como los más de 46.600 millones asignados para reforzar el muro fronterizo con México. Esta cifra triplica lo invertido durante la primera presidencia de Trump en dicho proyecto. Además, se suman 3.200 millones para tecnología de vigilancia fronteriza y 2.700 millones para tareas de monitoreo.
En contraste con esta inversión, Trump afirmó esta semana que “no necesitará mucho” presupuesto para la frontera, al asegurar que en mayo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no permitió el ingreso de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, la titular del DHS, Kristi Noem, aclaró que aún existen necesidades logísticas y tecnológicas pendientes en la frontera:
“El muro fronterizo aún necesita completarse en términos de infraestructura, y también, cuando se construyó el último muro fronterizo durante la primera administración de Trump, la estructura quedó terminada, pero la tecnología que lo rodea no se implementó por completo, así que todavía necesitamos desplegar buena parte de la vigilancia, las cámaras y la capacidad de contar con el tipo de sistema de seguridad necesario alrededor del muro”, explicó.
Para organizaciones pro-derechos civiles, como UnidosUS, los recursos no deberían destinarse al endurecimiento de la política migratoria, sino a una modernización del sistema de gestión de migración y ciudadanía.
“Sabemos que las personas no están de acuerdo con potenciar acciones que destruyen el debido proceso, acciones que no solo están acosando a inmigrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses, solo por cómo se ven”, argumentó Clarissa Martínez, vicepresidenta de Latino Vote.
Con información de EFE
