Un total de 26 candidaturas a cargos en el Poder Judicial de la Federación fueron impugnadas por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De acuerdo con los legisladores, las objeciones se fundamentan en acusaciones de delitos graves, como abuso sexual, delincuencia organizada y peculado, así como en la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos de idoneidad académica.
Las impugnaciones, presentadas a menos de un mes de celebrarse las Elecciones del Poder Judicial 2025 —las primeras en su tipo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros—, buscan frenar la designación de perfiles considerados no aptos para la función judicial.
“El Congreso tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad del Poder Judicial. La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, subrayó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña indicó que no se trata únicamente de “narco-aspirantes”, sino de un conjunto de perfiles que, en su opinión, no cumplen con las condiciones legales ni morales para ejercer funciones jurisdiccionales.
“Vamos a impugnar todas las candidaturas de aquellos que hayan favorecido a grupos criminales. El Tribunal decidirá si los retira antes o después de la elección”, advirtió el legislador.
Entre los aspirantes impugnados se encuentran:
- Arturo César Morales Ramírez: propuesto por el Poder Ejecutivo como magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de México, cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud.
- Jesús Karina Almada Rábago: candidata a jueza del Quinto Circuito de Sonora, fue defensora legal de una persona vinculada al Cártel de Sinaloa.
- María de Jesús López Guzmán: aspirante a jueza del Vigésimo Circuito de Chiapas, defendió a un integrante de una célula criminal acusada de secuestro.
- Leopoldo Javier Chávez: postulado por el Legislativo como juez, fue imputado por delitos contra la salud.
- Francisco Herrera Franco: también impulsado por el Legislativo, es señalado por vínculos con la delincuencia organizada.
- Humberto Padilla Briones: propuesto como juez, fue puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
- Edgar Agustín Rodríguez Beiza: candidato a magistrado, enfrenta una imputación por abuso sexual en agravio de una alumna.
- Diana Monserrat Partida: aspirante a jueza, fue señalada por conceder libertad indebida a miembros del crimen organizado.
- Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca: propuesto como magistrado, ha sido imputado por abuso sexual.
- Ángel Antonio Villegas Cortés: aspirante a juez, está acusado de amenazas y lesiones.
- Fernando Escamilla Villareal, Julio Veredín Sena, Aníbal Castro Borbón, Conrado Alcalá Romo y Enrique Hernández Miranda: todos candidatos a jueces, fueron impugnados por su participación como abogados o por haber otorgado amparos a favor de presuntos integrantes del crimen organizado.
- Noel Castro Melgar: candidato a juez, fue imputado por peculado y abuso sexual.
- Francisco Martín Hernández Zaragoza: aspirante a magistrado, fue destituido por el Consejo de la Judicatura en 2015 tras ser imputado por abuso sexual.
- Andrés Montoya García: candidato a magistrado, enfrenta cargos por desaparición forzada de personas en agravio de un periodista.
Además, fueron impugnadas varias candidaturas por no cumplir con el requisito de contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho, entre ellas:
- Arturo Manuel Fernández Abundis (7.93)
- Raúl Miguel Gaspar Pech Martínez (7.69)
- Joaquín Flores Ruiz (7.6)
- Porfirio Aldana Mota (7.19)
- Mario Alberto Parada Cerón (7.7)
- Elva Regina Jiménez Castillo (7.9)
- Juan Hernández Rodríguez (7.84)
- Alejandra Ramírez De La Vega (7)
El Congreso subrayó que, a pesar de que la selección de candidaturas fue insaculada debido a la renuncia del Comité de Evaluación, las impugnaciones son necesarias para evitar que perfiles con antecedentes penales o sin los méritos académicos necesarios accedan al Poder Judicial.
El TEPJF deberá resolver en los próximos días si las impugnaciones proceden antes de la jornada electoral del 1 de junio.
