El Gobierno de México anunció este domingo en Palacio Nacional el fortalecimiento de la seguridad en Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego del asesinato del expresidente municipal Carlos Manzo.
La estrategia fue presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien indicó que contempla un incremento de fuerzas armadas, capacitación policial, acciones de inteligencia y combate a la extorsión en la entidad.
De acuerdo con García Harfuch, el objetivo del plan es garantizar la paz en Michoacán mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el fortalecimiento institucional.
“El gobierno de México mantiene un compromiso firme con la seguridad de Michoacán y con el derecho de su gente a vivir en paz”, afirmó el funcionario.
Durante la conferencia, el secretario expresó sus condolencias por el asesinato de Carlos Manzo y sostuvo que la administración federal actuará con determinación para llevar a los responsables ante la justicia.
“Su muerte nos indigna y nos compromete aún más con la justicia. Como lo ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá impunidad”, subrayó.
Según lo expuesto por el secretario, el Plan Michoacán reforzará los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación operativa en el territorio.
En este sentido, anunció el fortalecimiento de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, mediante equipamiento, capacitación y acciones conjuntas supervisadas por el Gobierno de México.
“Trabajaremos en el fortalecimiento de la Policía Estatal de Michoacán y de la Fiscalía General del Estado, con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa bajo supervisión del Gobierno de México”, indicó García Harfuch.
A su vez, el secretario afirmó que el tercer eje del plan se centrará en el uso de recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión, delito que ha tenido alta incidencia en la región.
Según Harfuch, Michoacán fue el punto de partida de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con 180 personas detenidas desde julio de 2024.
“Se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los generadores de violencia”, detalló.
Asimismo, reiteró que se implementará un protocolo homologado de atención a víctimas y se crearán subsedes de la Unidad Antiextorsión, con operadores capacitados en la línea 089 específicamente para Michoacán. Estas acciones se coordinarán con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
El secretario informó que el estado de fuerza se incrementará con la participación conjunta de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales y municipales.
“La instrucción de la Presidenta es actuar con firmeza, justicia y plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, reiteró.
De acuerdo con Harfuch, en los próximos días el Gabinete de Seguridad visitará distintos municipios de Michoacán, incluida Uruapan, para supervisar la implementación de las medidas y reunirse con autoridades locales, así como con productores agrícolas de limón y aguacate.
“Estos encuentros permitirán atender directamente sus inquietudes, coordinar medidas preventivas y reforzar la presencia de las autoridades en las zonas productivas”, precisó el titular de Seguridad.
Cabe mencionar que el Plan Michoacán se presenta en respuesta a una ola de violencia e inseguridad que afecta al Estado, evidenciada por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Michoacán ha sido un epicentro de criminalidad y crisis humanitaria desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, quien presentó en su momento una estrategia integral que abordara tanto la seguridad como el desarrollo social y económico.
Hace unos días, la presidente municipal y viuda de Manzo, Grecia Quiroz, exigió al gobierno federal atender la situación que su esposo expuso durante su administración, demandando que se recupere la gobernabilidad y se garanticen los derechos fundamentales ante décadas de abandono y violencia.
