El gobierno de Estados Unidos revocó en octubre de 2025 la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tras una investigación de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por presuntas operaciones de lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos en la frontera norte de México.
La medida se ejecutó como parte de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para restringir el ingreso de personas bajo indagatorias por delitos financieros o vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con fuentes federales estadounidenses, la decisión se tomó luego del cruce de información entre agencias de ambos países, que permitió identificar una red de empresas registradas en Sonora y Baja California presuntamente utilizadas para simular operaciones de importación de combustible y transferencias transfronterizas de capital.
Según documentos citados por medios especializados, Durazo Chávez comparte participación accionaria con Fernando Farías Laguna, exmarino y empresario actualmente prófugo de la justicia mexicana, acusado de encabezar una estructura dedicada al robo y tráfico de hidrocarburos.
Publicaciones de El Congresista y Los Ángeles Press refieren que Farías Laguna y Durazo Chávez formaron parte de un entramado empresarial con nexos en ambos lados de la frontera, vinculado a lo que autoridades estadounidenses denominan “huachicol fiscal”.
Hasta el momento, ni el gobernador de Sonora ni su hijo han emitido declaraciones públicas. No obstante, la decisión ha generado repercusiones en el entorno político del estado y ha colocado bajo observación las relaciones empresariales y financieras de la familia Durazo.
Por su parte, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que la medida se enmarca en una política más amplia de control migratorio y combate a las finanzas ilícitas impulsada desde 2024.
“La revocación de visas a individuos relacionados con investigaciones financieras o con estructuras criminales responde a una política de seguridad fronteriza coordinada entre agencias estadounidenses y mexicanas”, indicó un funcionario del DHS bajo condición de anonimato.
La acción contra el hijo del gobernador sonorense se suma a una serie de sanciones recientes impuestas por el gobierno estadounidense a empresarios y figuras políticas mexicanas.
En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a Jesús González Lomelí, señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa, y a la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown, por presuntas relaciones con estructuras del crimen organizado.
En el mismo periodo, se confirmó la cancelación de las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, su esposo Carlos Torres Torres, y el esposo de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, todos catalogados como personas de interés para las autoridades estadounidenses.
Asimismo, el empresario del sector de seguridad privada y blindajes, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vio revocada su visa por presuntas irregularidades financieras y posibles operaciones de lavado de dinero.
Los reportes consultados, detallan que Margolis, cercano al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —actualmente procesado por narcotráfico en Estados Unidos—, fue incluido junto a su socio Eduardo Mizrahi, proveedor de contratos con dependencias federales mexicanas.
De acuerdo con analistas consultados por diversos medios, estas acciones reflejan una tendencia creciente del gobierno estadounidense a aplicar sanciones migratorias y financieras a funcionarios, empresarios y políticos mexicanos, especialmente en casos donde confluyen intereses económicos y estructuras criminales.
La revisión de antecedentes financieros y corporativos forma parte del nuevo protocolo bilateral de seguridad México–Estados Unidos, orientado a contener el flujo de capital ilícito y evitar la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.
