El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compareció este miércoles ante el Senado para el análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde mencionó el reforzamiento de controles en aduanas contra el contrabando de combustibles y la necesidad de una ley general para sancionar la extorsión en todo el país.
Durante su intervención, García Harfuch explicó que el gobierno federal analiza actualmente cada buque que arriba a puertos nacionales para verificar la concordancia entre el contenido declarado y el tipo de combustible transportado.
De acuerdo con el secretario, estas acciones forman parte del esfuerzo interinstitucional para frenar el llamado “huachicol fiscal”, en el que participan la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, la Agencia Nacional de Aduanas, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad.
“Más que un compromiso, es nuestro deber llegar hasta las últimas consecuencias y así lo haremos”, aseguró García Harfuch al referirse al combate contra el mercado ilícito de combustibles.
El secretario también informó sobre la reciente detención en Michoacán vinculada al homicidio del líder limonero Bruno Martínez, realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal. Enfatizó que la cooperación entre niveles de gobierno es esencial para enfrentar la violencia en distintas regiones del país.
En relación con la situación en Sinaloa, señaló que entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se registró una tendencia a la baja en homicidios, con más de dos mil detenciones y el aseguramiento de armas.
“En mayo y junio hubo un alza por un líder delincuencial que enfrentó a la autoridad, pero a la fecha hay una baja de 46 por ciento, con u n promedio diario de 3.7 homicidios”, detalló.
Sobre la relación bilateral en materia de seguridad, García Harfuch explicó que la cooperación con Estados Unidos se basa en una estrategia corresponsable, respetuosa de la soberanía y centrada en la persecución de objetivos prioritarios.
“Se realizan acciones, cada quien en su territorio, para detener a generadores de violencia u objetivos prioritarios y enfrentar amenazas comunes como tráfico de armas, drogas y de personas”, precisó.
En cuanto a la extorsión, el titular de Seguridad subrayó la necesidad de homologar criterios y sanciones en todo el país mediante una ley general que facilite la coordinación entre entidades.
“Tenemos el desafío de la fragmentación normativa, porque cada entidad tipifica y sanciona la extorsión de manera distinta, lo que dificulta la persecución uniforme, genera vacíos legales y complica la coordinación interestatal”, señaló.
El funcionario también reconoció la importancia del fortalecimiento policial, tanto estatal como municipal, pero advirtió que la coordinación con los 32 gobiernos estatales permite una reacción más rápida y eficaz frente al crimen organizado.
“Es más rápido coordinarse con 32 mandos que hacerlo con cientos de municipios”, explicó García Harfuch, al tiempo que reiteró que el eje de la estrategia sigue siendo la atención a las causas de la violencia.
Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó el respaldo de la Cámara Alta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y reconoció la labor del titular de Seguridad y su equipo.
Durante la ronda de intervenciones, legisladores de distintas bancadas expusieron posturas diversas sobre los resultados y retos del primer año de la administración federal.
La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, destacó una reducción de 32 por ciento en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2025, atribuida a una estrategia “definida y con objetivos claros”.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, reconoció la intención del gobierno de aplicar “mano firme” contra la delincuencia, aunque advirtió que persisten zonas controladas por grupos criminales.
Desde el PVEM, Manuel Velasco Coello resaltó que 62 por ciento de los mexicanos considera que la estrategia de seguridad “está funcionando”, y mencionó el decomiso de más de 70 millones de litros de combustible como muestra del combate al huachicol.
En contraste, el priista Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo que la realidad en las calles “es muy distinta”, y criticó la continuidad de un modelo “centralista y militarizado”.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, respaldó la política de seguridad basada en la prevención y la inteligencia, mientras que el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas pidió fortalecer la presencia del Estado en zonas donde “el crimen nunca se fue”.
Al cierre de la comparecencia, García Harfuch enfatizó que la construcción de la paz requiere trabajo conjunto entre la federación, los estados y los municipios.
“El mayor desafío del país es la seguridad, y esa paz se construye con trabajo conjunto. Hay continuidad en la estrategia, porque el eje rector es la atención a las causas”, concluyó.
