Con 75 votos a favor y 37 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, una iniciativa impulsada por la presidente Claudia Sheinbaum que busca transformar la relación entre la ciudadanía y el Estado mediante la simplificación administrativa, la digitalización de servicios públicos y la centralización tecnológica en los tres niveles de gobierno.
Nuevos instrumentos y entidades
La legislación crea un marco normativo que establece modelos nacionales de digitalización, homologación de trámites y atención ciudadana. También incorpora herramientas como la Llave MX, un sistema de autenticación digital vinculado a la CURP biométrica; el Expediente Digital Ciudadano; el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios; y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
La ley sustituye a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y otorga amplias facultades a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, entidad que concentrará la operación de los nuevos sistemas digitales y cuyas disposiciones serán de carácter vinculante en todo el país.
Defensa del dictamen
La senadora morenista, Lilia Margarita Valdez Martínez, presidente de la Comisión de Gobernación, defendió el dictamen al afirmar que representa una transformación estructural de la gestión pública.
“Se lleva a cabo la simplificación, digitalización, homologación e interoperabilidad de trámites y servicios, con lo que se garantiza un acceso más transparente, seguro, accesible y económico para la ciudadanía”, aseguró.
Desde la Comisión de Estudios Legislativos, la también morenista, Araceli Saucedo Reyes coincidió en que el dictamen responde a una exigencia ciudadana de años:
“Ayudará a solucionar los excesos para que la población acceda de manera más eficiente a los servicios públicos”, indicó.
Críticas y preocupaciones de la oposición
A pesar de su aprobación, el proyecto fue duramente cuestionado por grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sus reservas fueron rechazadas durante el debate en lo particular. Para Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, la nueva ley representa una amenaza al federalismo y a la privacidad de las personas.
“Lo que vemos detrás de esta iniciativa es un ánimo de anular el federalismo… Concentrándolos de nueva cuenta, adivinen en dónde. Sí, otra vez, en la Agencia de Transformación Digital”, resaltó.
Desde el PRI, Néstor Camarillo Medina lamentó que la norma no contemple mecanismos claros de protección de datos personales ni garantías de privacidad.
“Tampoco se ha considerado a los millones de mexicanos que viven en zonas rurales sin internet y computadoras”, subrayó.
Laura Esquivel Torres, senadora del PAN, fue más enfática en su crítica, advirtiendo sobre el control que podría ejercer el Ejecutivo sobre la información personal de la población:
“La Llave estará asociada directamente a la CURP biométrica, o sea, van a tener absolutamente los datos de todos los mexicanos a cargo de una agencia que ¿Quién controla? Claro, el Ejecutivo Federal”, sentenció.
La legisladora recordó además acciones pasadas de figuras relacionadas con la iniciativa, acusando falta de ética en la gestión de datos sensibles. Sin embargo, los legisladores del oficialismo que respaldaron la propuesta argumentaron que la ley permitirá reducir costos, eliminar trámites innecesarios y combatir actos de corrupción vinculados con el exceso de procesos burocráticos.
“No estamos hablando solo de digitalizar procesos, estamos hablando de rediseñar la relación entre el gobierno y la ciudadanía”, señaló Geovanna Bañuelos de la Torre senadora del Partido del Trabajo.
Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, expresó que el nuevo marco normativo contribuirá al bienestar colectivo.
“Permitirá a la ciudadanía ahorrar recursos económicos y tiempo”, manifestó.
Por Morena, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz destacó que el proyecto responde a una visión de modernización tecnológica con un enfoque público.
“Permitirá homologar trámites, reducir tiempos y combatir la corrupción con un marco más accesible, equitativo, influyente y ágil”, subrayó.
En respaldo a la medida, la morenista, Verónica Camino Farjat también subrayó los beneficios de erradicar estructuras que permiten prácticas indebidas a nivel local.
“Prefieren tener estados y municipios fuera de una plataforma para que puedan seguir recibiendo privilegios… Aquí dejémonos de hipocresías y trabajemos por el pueblo de México”, expresó.
Ruta legal y su impacto nacional
La minuta, enviada previamente por la Cámara de Diputados, fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación. De acuerdo con cifras oficiales, en México existen más de 350 mil trámites registrados, de los cuales el 85 por ciento se realiza ante autoridades estatales y municipales, muchos de ellos señalados por su ineficiencia, costos elevados o posibilidad de discrecionalidad.
