Gobierno federal recupera agua ilegalmente acaparada por César Duarte en Chihuahua

La mandataria presentó un video en el que se observa el momento en que maquinaria pesada rompe una de las presas construidas dentro del rancho.

El gobierno federal inició ayer acciones para recuperar el agua que fue privatizada de manera indebida por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien construyó varias presas para el acaparamiento del recurso hídrico en su rancho “El Saucito”, sin contar con autorización oficial.

La presidente Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que las acciones se llevaron a cabo con base en una orden judicial que facultó a las autoridades para demoler las obras que permitían el desvío del agua hacia el rancho particular de Duarte.

“Se recupera el agua y además se puso denuncia penal por acaparar recursos de la nación sin ningún permiso”, puntualizó.

Durante su mensaje, Sheinbaum enfatizó que las obras que operaban en “El Saucito” fueron derribadas, permitiendo así la restitución del cauce natural del agua.

“Son varias presas que hoy ya regresan a ser recurso de la nación. Ayer iniciaron la recuperación”, indicó.

La mandataria presentó un video en el que se observa el momento en que maquinaria pesada rompe una de las presas construidas dentro del rancho. Subrayó que el exgobernador —estaba adueñándose de manera ilegal de agua que le pertenece a la nación—. De acuerdo con la mandataria, parte de una cuenca fundamental para dar agua a Chihuahua, que tiene graves problemas de escasez.

Además, recordó que el agua acaparada formaba parte del recurso que México debe aportar a Estados Unidos como parte del tratado bilateral de 1944.

“Esta agua también formaba parte del que se ocupaba para cumplir con el tratado de agua vigente con Estados Unidos, mediante el cual México debe entregar una cantidad anual al país del norte”, explicó.

El acopio ilegal fue identificado el pasado 28 de mayo, cuando se detectó que las presas construidas en el rancho carecían de permisos del gobierno federal.

La intervención gubernamental busca no solo restituir el flujo del recurso a las comunidades afectadas, sino sentar un precedente legal ante el uso indebido de bienes nacionales con fines privados. La denuncia penal ya fue presentada y se encuentra en curso, según confirmó la propia presidente.

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