Una serie de redadas ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en estacionamientos de tiendas Home Depot ha generado una fuerte reacción social y política, especialmente en comunidades de inmigrantes en la costa oeste de Estados Unidos.
Las detenciones, centradas en jornaleros que tradicionalmente se congregan frente a estas tiendas para ofrecer su mano de obra, forman parte de una ofensiva migratoria impulsada por Stephen Miller, principal asesor en política migratoria del expresidente Donald Trump.
Según información publicada por el Wall Street Journal, Miller ordenó a ICE intensificar operativos en los estacionamientos de Home Depot y tiendas 7-Eleven desde finales de mayo. Uno de los casos más notorios ocurrió en el barrio de Westlake, en Los Ángeles, donde los agentes federales arrestaron a varios trabajadores indocumentados.
El hecho, registrado por testigos en video, tuvo lugar en una de las zonas con mayor concentración de inmigrantes centroamericanos. Incidentes similares se han reportado en Pomona (California), donde se detuvo a más de 15 personas, así como en Nueva York, Nueva Jersey y Texas.
Aunque Home Depot no ha autorizado ni formalizado la presencia de jornaleros en sus instalaciones, estos puntos se han convertido en espacios comunes de encuentro para quienes buscan empleo en áreas como la construcción, jardinería y mudanzas. Fundada en 1978, la cadena cuenta con más de 2,300 tiendas en todo el país, y su modelo de “hágalo usted mismo” ha facilitado esta dinámica laboral informal.
“Los jornaleros se han convertido en un servicio más que las personas pueden encontrar en Home Depot; hace parte de una forma de negocio que beneficia a todos: los jornaleros, los contratistas y a la misma compañía”, señaló Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), organización que defiende los derechos de estos trabajadores vulnerables.
A pesar de los beneficios que esta relación no oficial ha generado, Home Depot ha sido blanco de críticas por parte de grupos antiinmigrantes que acusan a la compañía de facilitar el empleo de mano de obra indocumentada. Al mismo tiempo, organizaciones como NDLON han insistido en que se mejoren las condiciones para los jornaleros, incluyendo el acceso a servicios básicos como los sanitarios.
La empresa, con sede en Georgia, respondió a los recientes operativos asegurando que no fue notificada previamente por ICE. No obstante, las redadas coincidieron con una caída del 2.4 % en el valor de sus acciones.
El impacto de estas detenciones también ha alcanzado a contratistas locales. Martín Valencia, constructor habitual del área de Whittier, declaró que no ha podido encontrar ayudantes desde los operativos.
“Nos estamos quedando sin mano de obra. El trabajo que hacen estos jornaleros no lo hacen otras personas; una sola vez contraté a un blanco estadounidense y no pudo con el jale. Aquí se necesita gente fuerte y comprometida”, explicó.
Además del efecto en el mercado laboral, defensores de los derechos de inmigrantes advierten sobre las consecuencias en la reconstrucción de comunidades afectadas por desastres naturales. Alvarado recordó que los jornaleros fueron los primeros en responder tras los incendios que destruyeron o dañaron 18,000 estructuras en enero en el área de Los Ángeles.
“Los jornaleros hacen parte del tejido social de Estados Unidos y ni Trump ni Miller podrán borrar sus contribuciones al país. Vamos a luchar por ellos; solo el pueblo salva al pueblo”, afirmó Alvarado.
La cadena Home Depot ya había enfrentado controversias políticas en 2019, cuando se convocó un boicot tras revelarse que su cofundador, Bernie Marcus, fallecido en 2024, había donado al menos 14 millones de dólares a las campañas republicanas de Trump en 2016 y 2018.
Con información de EFE
