En el marco del conversatorio “Modelo de Proyectos Sostenibles para la Prevención de la Desertificación en México”, legisladoras y funcionarios coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer la cooperación intergubernamental y destinar mayores recursos para enfrentar la creciente crisis de escasez de agua y desertificación en el país.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia Dolores García Medina, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, subrayó que la atención a esta problemática requiere la formación de alianzas entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y organismos internacionales, así como la asignación de un presupuesto suficiente para avanzar hacia un modelo sostenible de gestión de recursos naturales.
García Medina planteó que es necesario centrar los esfuerzos en los municipios, dotándolos de diagnósticos territoriales que permitan identificar las zonas más afectadas por la escasez hídrica y la degradación del suelo, apoyados con asistencia técnica. Además, consideró clave el fortalecimiento de la reglamentación local en materia de ordenamiento ecológico, uso del suelo y conservación de cuencas.
“La gobernanza, previendo escenarios futuros, permite que tomemos medidas con anticipación y podamos generar condiciones de sostenibilidad y sistemas de alerta temprana”, afirmó la legisladora.
Durante su participación, destacó el papel de la tecnología en la prevención, al permitir la detección temprana de sequías, el mapeo de suelos degradados y el monitoreo en tiempo real del uso del agua. Estas herramientas, dijo, posibilitan desde el desarrollo de sistemas de riego inteligente hasta la creación de cooperativas que fomenten prácticas agroecológicas.
Asimismo, recordó que el 60 por ciento del territorio nacional presenta algún nivel de degradación del suelo. Las sequías prolongadas, el uso intensivo de acuíferos y la deforestación provocada por prácticas agrícolas contribuyen al avance de la desertificación, un fenómeno que amenaza los ecosistemas, así como la seguridad hídrica, alimentaria y económica del país.
En ese mismo sentido, la senadora del Partido del Trabajo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, resaltó la relevancia de contabilizar los cuerpos de agua y clasificar las cuencas hidrológicas nacionales para definir su uso adecuado. También mencionó casos de rescate ambiental, como el del Río Hondo en Naucalpan, Estado de México, actualmente contaminado.
Polevnsky reconoció la utilidad de estos espacios de diálogo para conocer experiencias exitosas, como el plan del gobierno de Tlaxcala para mitigar el desabasto de agua en la entidad.
Por su parte, del Partido Verde Ecologista, Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, señaló que el 52 por ciento del territorio mexicano es árido o semiárido, donde habita el 40 por ciento de la población rural. Además, alrededor de ocho millones de personas viven en zonas con alta vulnerabilidad hídrica, lo que provoca migración por razones climáticas.
Frente a este panorama, propuso establecer incentivos fiscales, técnicos y presupuestales para los productores rurales que implementen prácticas sostenibles, así como vincular el presupuesto federal a indicadores de resiliencia hídrica, suelos y restauración. También llamó a armonizar la legislación ambiental y de desarrollo rural, incorporando enfoques de género, territorialidad y justicia climática.
Finalmente, Héctor Ochoa Moreno, director general del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía, coincidió en la importancia de la participación colectiva para enfrentar el cambio climático, destacando que la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible contribuye a involucrar a la sociedad en las acciones necesarias para lograr un cambio estructural.
