El gobierno de Donald Trump planea invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación histórica que permite al presidente expulsar o detener a ciudadanos de países considerados adversarios, para acelerar deportaciones masivas, según informaron cuatro fuentes cercanas al proceso de consultadas por CNN.
La medida, que podría anunciarse este viernes, apunta principalmente al Tren de Aragua (TDA), una organización criminal venezolana designada como grupo terrorista recientemente por Estados Unidos y otros países.
Controversia sobre la aplicación de la Ley
La normativa, creada en el siglo XVIII, está diseñada para aplicarse durante guerras declaradas o invasiones extranjeras. Sin embargo, su uso actual genera controversia, ya que Estados Unidos no está en conflicto bélico con ninguna nación.
Expertos legales advirtieron que la administración Trump enfrentaría desafíos judiciales al intentar justificar su aplicación contra pandillas transnacionales, en lugar de gobiernos.
Declaraciones de Trump
Durante su discurso de investidura el pasado 20 de enero, Trump vinculó su estrategia migratoria a la seguridad nacional.
“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice el pleno e inmenso poder de la aplicación de la ley federal y estatal para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales”, declaró el mandatario.
Esta cita refuerza una promesa central de su campaña: deportaciones aceleradas sin audiencias judiciales. Esta política ampliaría su alcance más allá de los migrantes interceptados en la frontera sur.
Un caso emblemático es el de Mahmoud Khalil, un palestino acusado de apoyar a Hamás, cuya posible expulsión ha generado protestas en Nueva York.
Antecedentes de la Ley
La ley se ha aplicado solo tres veces en la historia de Estados Unidos, según el Centro Brennan: durante la Primera y Segunda Guerra Mundial contra ciudadanos de Alemania, Austria-Hungría, Italia y Japón.
Su uso más notorio fue el internamiento de más de 120,000 japoneses-estadounidenses en la década de 1940, una política condenada por motivos raciales.
Reacciones y consecuencias
El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios oficiales, mientras agencias federales ultiman detalles operativos. Analistas subrayaron que, de implementarse, la medida marcaría un precedente al usar leyes de emergencia para políticas migratorias, con posibles repercusiones legales y diplomáticas.
