Las remesas enviadas desde el extranjero registraron un repunte significativo en marzo, después de tres meses consecutivos de descensos.
Aunque este incremento ofrece un respiro temporal para millones de familias mexicanas, el contexto general sigue siendo incierto debido a nuevas regulaciones en Estados Unidos que amenazan con frenar este flujo vital de recursos.
De acuerdo con el Banco de México, durante marzo ingresaron al país poco más de 5,150 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representó un crecimiento mensual del 15.52%. Este avance también se reflejó en el número y tamaño de los envíos: se reportaron 13.4 millones de operaciones, con un promedio de 383 dólares por transacción, lo que equivale a un aumento anual del 2.7%.
Sin embargo, los datos acumulados en el primer trimestre del año revelaron un panorama más moderado. Entre enero y marzo, el ingreso total por remesas fue de 14,269 millones de dólares, apenas un 1.3% más que en el mismo periodo de 2024. Este nivel de crecimiento es uno de los más bajos registrados desde el inicio del actual sexenio y contrasta con las alzas de doble dígito observadas en años previos.
Analistas atribuyeron parte de esta desaceleración a factores políticos y regulatorios. En Estados Unidos, el gobierno encabezado nuevamente por Donald Trump endureció las políticas migratorias, lo que ha generado tensiones en las comunidades migrantes. A esto se suma una nueva disposición del Departamento del Tesoro, aplicada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que impone vigilancia adicional sobre las transferencias de dinero desde zonas con alta concentración de población mexicana.
Esta medida, conocida como Orden de Focalización Geográfica, exige que se reporten todas las transacciones entre 200 y 10,000 dólares que se efectúen en efectivo o mediante giros postales desde al menos 30 códigos postales en California y Texas. Además, impone la entrega de datos personales como el número de seguro social, la licencia de conducir y el número telefónico, lo cual representa una barrera para miles de migrantes indocumentados.
En respuesta a estas restricciones, varias empresas de servicios financieros en Texas interpusieron una demanda contra la medida, argumentando que es desproporcionada y perjudica a pequeños negocios. Un juez federal concedió una suspensión temporal para 11 de las empresas demandantes, aunque la mayoría de los establecimientos en las zonas señaladas continúa bajo el nuevo esquema regulatorio.
La evolución de este proceso legal será clave para determinar el rumbo de las remesas en los próximos meses. En México, más de 10 millones de hogares dependen de estos recursos para su sustento, por lo que cualquier restricción puede traducirse en impactos sociales y económicos de gran escala, especialmente en regiones con alta dependencia de ingresos del exterior.
