La multinacional tecnológica enfrenta restricciones y acusaciones por parte de gobiernos occidentales, mientras refuerza su presencia en telecomunicaciones en la región latinoamericana.
La empresa china Huawei, uno de los principales proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y dispositivos inteligentes a nivel global, se ha convertido en un actor central dentro de la disputa tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. Con operaciones en más de 170 países, la compañía enfrenta actualmente investigaciones judiciales en Europa y sanciones en territorio estadounidense, al tiempo que fortalece su expansión en América Latina.
La confrontación entre Washington y Pekín inició formalmente durante el primer mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), cuando la administración estadounidense prohibió el uso de dispositivos de Huawei y otras compañías chinas como ZTE y Hytera en instalaciones gubernamentales.
Un año después, el gobierno norteamericano acusó a Huawei de fraude y de violar sanciones internacionales contra Irán, lo que derivó en su inclusión en la lista negra del Departamento de Comercio por representar una presunta amenaza a la seguridad nacional.
Dicha clasificación impidió a empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con Huawei. Compañías como Google, Intel y Microsoft suspendieron sus servicios, lo que restringió el acceso de la firma china a tecnologías esenciales como el sistema operativo Android, afectando directamente su presencia en mercados clave como América Latina.
Desde hace años, Washington sostiene que la empresa, fundada en 1987 y con más de 207 mil empleados en el mundo, podría facilitar tareas de espionaje en favor del gobierno chino debido a supuestos vínculos con el Partido Comunista de China.
El caso más reciente se presentó a finales de marzo, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) abrió una nueva investigación para determinar si Huawei y otras tecnológicas chinas operan en territorio estadounidense en violación de las restricciones impuestas por razones de seguridad nacional.
Consultado sobre este proceso, César Funes, vicepresidente de Asuntos Públicos de Huawei para Latinoamérica, subrayó que la compañía mantiene su compromiso con el cumplimiento de las normas locales.
“Respetamos las leyes y normas en todos los países donde operamos”, afirmó Funes. Asimismo, indicó que el proceso legal será atendido por los canales adecuados. “Nuestros equipos legales se encargarán de responder cuando se nos requiera”, apuntó.
En paralelo, Europa también ha intensificado su escrutinio sobre la empresa. El pasado 13 de marzo, la Fiscalía Federal de Bélgica llevó a cabo una operación que incluyó 21 registros en Bruselas, Flandes, Valonia y Portugal. Las autoridades inspeccionaron oficinas de Huawei en Bruselas, domicilios de lobistas y precintaron dos despachos en el Parlamento Europeo pertenecientes a asistentes parlamentarios presuntamente implicados en una red de sobornos.
La investigación se centra en una supuesta trama que habría operado desde 2021, utilizando incentivos como pagos por posturas políticas, regalos costosos, viajes y entradas a partidos de fútbol para influir en decisiones favorables a la empresa dentro de la Unión Europea.
Cuestionado sobre estas acusaciones, Funes reiteró la postura oficial de la compañía.
“La posición de Huawei es clara: nosotros respetamos todos los procesos formales”, declaró.
Además, recalcó que la empresa responderá institucionalmente ante cualquier requerimiento judicial.
“Nuestro equipo legal se encargará del tema, como lo ha hecho en otras regiones”, subrayó.
Pese al entorno internacional adverso, Huawei ha consolidado su operación en América Latina y el Caribe, donde ha sido una de las principales responsables del despliegue de redes de cuarta y quinta generación. Antes de las sanciones, mantenía una fuerte presencia en la venta de terminales y dispositivos. Actualmente, sus esfuerzos se centran en la infraestructura digital.
Un estudio realizado en mayo de 2024 por la Universidad de Navarra, en España, reveló que hasta un 70 % de las conexiones 4G-LTE en América Latina se sustentan en infraestructuras provistas por Huawei, lo que representa cerca de 350 millones de usuarios.
Durante el gobierno de Trump, la Casa Blanca advirtió a varios países de la región sobre posibles sanciones si permitían a Huawei participar en procesos de licitación para redes 5G. Brasil recibió una amenaza formal en este sentido, aunque fue Costa Rica el único país que vetó oficialmente a la multinacional china mediante decreto.
Frente a las restricciones impuestas, Funes reconoció que el escenario es complejo.
“Los desafíos diarios nos exigen más rigor y creatividad”, admitió.
No obstante, aseguró que la respuesta de la empresa ha sido reforzar su apuesta tecnológica.
“Cada vez que las restricciones se endurecen, nosotros reforzamos nuestro compromiso con el trabajo y la innovación”, señaló.
Huawei opera actualmente en más de 20 países de América Latina y emplea a más de 2.000 personas en la región.
“Llevamos más de 27 años trabajando e invirtiendo en distintos sectores del mercado en la región”, destacó Funes.
La compañía ha firmado acuerdos para el desarrollo de redes móviles, ha construido centros de datos y ofrece programas de capacitación en competencias digitales. No obstante, su creciente protagonismo también ha despertado voces críticas que advierten sobre el riesgo de una dependencia tecnológica excesiva frente a una potencia extranjera.
Con información de EFE
