El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Senado exigió nuevamente la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
El coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya Cortés, demandó que la sesión legislativa de este martes inicie con la votación de la propuesta presentada por su partido.
“Lo ocurrido en el rancho Izaguirre sí es una atrocidad, y por eso la propuesta de Acción Nacional no se queda solo en la denuncia de estas atrocidades”, afirmó Anaya.
El legislador subrayó que su partido exige que la sesión de este martes inicie con la votación de su iniciativa y comparó la propuesta con el mecanismo que se implementó en el caso Ayotzinapa.
“Lo que nosotros pedimos es que la sesión de mañana inicie exactamente en el punto en el que terminó la anterior; que se vote nuestra propuesta, que es crear ni más ni menos que un GIEI, algo que quienes hoy están en Morena en su momento apoyaron para el caso Ayotzinapa: un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes avalado por la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se esclarezca toda la verdad”, agregó.
Anaya señaló que este caso es una muestra de las fallas de la estrategia de seguridad del gobierno federal y que la violencia en el país ha escalado a niveles alarmantes.
“Estos hechos son consecuencia de seis años de abrazos a los delincuentes y no es casualidad, ni un problema local o regional, sino un conflicto nacional que se registra también en Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Chiapas y prácticamente en todo el país”, subrayó.
Asimismo, hizo referencia a la conferencia matutina del gobierno federal, en la que, según dijo, se reconoció que en el rancho se torturaba y asesinaba a personas que intentaban escapar o se resistían a recibir un entrenamiento.
“Encima de esto, existe testimonio de una mujer que estuvo en ese lugar y que explicó que traían entre dos y tres personas por día. Dice ella que, inclusive, hasta seis o siete los fines de semana, con el propósito de torturar y de asesinar”, sostuvo.
El líder de la bancada panista insistió en que la propuesta debe ser votada en el Senado sin más dilaciones y criticó la actitud de los legisladores de Morena en la sesión del jueves pasado.
“Exigimos, porque así lo establece el reglamento, que en la sesión de mañana el primer asunto que se trate sea justamente la votación en el tablero de nuestra propuesta”, indicó.
Por otro lado, Anaya se refirió a las iniciativas anunciadas por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y pidió que el gobierno detalle con precisión los cambios que pretende realizar.
Anaya manifestó que el gobierno debe pasar del PowerPoint a la iniciativa y establecer con claridad qué normas quieren modificar, qué artículos quieren cambiar, qué dice la norma y qué proponen ellos; y en Acción Nacional encontrarán disposición.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno federal ni del grupo parlamentario de Morena respecto a la exigencia de votar la propuesta del PAN en la sesión del Senado.
El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco, ha sido señalado como un sitio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con investigaciones, en este predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados se realizaban actividades de confinamiento, adiestramiento y presunto exterminio de personas.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió el rancho a principios de marzo de 2025 tras recibir una denuncia anónima. En el lugar se encontraron tres crematorios clandestinos, restos humanos calcinados y diversos objetos personales como ropa, calzado y mochilas. También se hallaron estructuras utilizadas para entrenamiento, armas de fuego y un altar a la Santa Muerte.
Testimonios de sobrevivientes indicaron que el rancho operaba como un centro de reclutamiento forzado desde 2012. Las víctimas eran sometidas a torturas y, en muchos casos, asesinadas. Se estima que cientos de personas pudieron haber sido retenidas en este sitio bajo condiciones de violencia extrema.
La investigación del caso ha generado tensiones entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Jalisco, ya que ambas instituciones se acusan mutuamente de negligencia en el manejo de las evidencias.
