El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que informe de manera inmediata y puntual las razones por las cuales el Gobierno de Estados Unidos revocó su visa y la de su esposo, Carlos Torres Torres.
A través de un comunicado, el PAN advirtió que este hecho no debe tratarse como un asunto personal, dado que se trata de la titular del Poder Ejecutivo de una entidad fronteriza cuya relación institucional con Estados Unidos es crucial para el desarrollo económico, social y de seguridad de millones de personas.
“La ciudadanía merece conocer si existen investigaciones o señalamientos que comprometan la integridad del Gobierno de Baja California”, subrayó el partido.
Acción Nacional cuestionó si hay vínculos cuestionables en el entorno cercano de la mandataria o si se ha incurrido en un uso indebido del poder. En ese sentido, señaló que la revocación de su visa compromete la representación internacional del estado y mina la confianza en su administración.
“Desde Acción Nacional exigimos que no se escude en evasivas. Si la gobernadora y su círculo más cercano no tienen nada que ocultar, deben dar la cara y hablar con la verdad”, indicó el partido.
Al tiempo afirmó que la transparencia no debe ser selectiva ni aplicarse solo cuando conviene políticamente.
“La gravedad del caso exige responsabilidad, no victimismo”, puntualizó.
En contexto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó el pasado fin de semana que fue notificada por autoridades consulares de la revocación de su visa de no inmigrante, en circunstancias similares a las que informó su esposo, Carlos Torres. Ambos indicaron que no han sido objeto de investigaciones ni acusaciones por parte de autoridades en México o Estados Unidos.
En redes sociales, Torres afirmó que la cancelación se dio por “disposiciones internas del Departamento de Estado” y aseguró que su “conciencia está tranquila”. Por su parte, Ávila expresó su confianza en que la situación se aclarará favorablemente.
El Departamento de Estado, conforme a su política, no ha emitido comentarios específicos sobre el caso, argumentando que los registros de visa son confidenciales.
