El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud e integrante del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó este viernes la Iniciativa con Proyecto de Decreto a la Ley General de Salud enviada por la presidente Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.
Según el legislador, la propuesta de la Ley de Salud compromete los recursos destinados a enfermedades graves y profundiza problemas estructurales en el sistema de atención.
De acuerdo con Ramírez Barba, el planteamiento del Ejecutivo elimina la obligación de destinar al menos el 8% del Fondo de Salud para el Bienestar a padecimientos de alto costo, como cáncer, VIH o cuidados neonatales.
A su juicio, la medida abre la puerta a que los recursos se utilicen en gasto corriente y mantenimiento, responsabilidades que deben cubrirse con el presupuesto ordinario.
“La Iniciativa con Proyecto de Decreto a la Ley General de Salud […] representa una amenaza directa e inaceptable para la salud. […] Es un ‘asalto a la salud’ que persigue el dinero de los mexicanos acumulado en el Fondo de Salud para el Bienestar, desmantela la protección financiera contra enfermedades graves e institucionaliza la discrecionalidad en la compra de medicamentos”, afirmó el diputado.
El legislador recordó que en 2018 el Fondo disponía de 93 mil millones de pesos, mientras que actualmente cuenta con 32 mil millones, lo que, en su opinión, confirma la reducción de recursos disponibles para tratamientos de especialidad.
Por otra parte, el panista señaló que la propuesta de intercambio de servicios entre instituciones públicas no resolverá la fragmentación del sistema ni las inequidades de financiamiento.
Indicó que el modelo aplicado desde la desaparición del Seguro Popular ha generado un aumento en la población sin acceso a servicios, que pasó de 20 millones en 2018 a 44 millones en 2024.
“El mecanismo de Intercambio de Servicios entre las instituciones públicas de salud […] es una formalidad jurídica inútil que no resuelve la fragmentación ni la inequidad financiera del sistema de salud”, subrayó Ramírez Barba.
Según el legislador, la propuesta incrementará la presión financiera sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los servicios estatales, mientras que programas eliminados, como IMSS-COPLAMAR, han obligado al instituto a recurrir a las reservas de sus trabajadores para cubrir gastos.
En materia operativa, ejemplificó el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, que actualmente funciona al 30% de su capacidad, lo que ha derivado en la saturación de hospitales en Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.
Además, el diputado cuestionó la centralización de compras en la Secretaría de Salud y en la paraestatal BIRMEX. Recordó que la licitación 2025-2026 fue anulada por sobreprecios e irregularidades.
“El riesgo es la desaparición de este Fondo, tal como sucedió con otros fideicomisos”, aseveró el legislador, al acusar que los recursos podrían destinarse a obras prioritarias del gobierno y no a los pacientes.
Ramírez Barba también señaló que el gobierno mantiene un adeudo de 14 mil millones de pesos con la industria farmacéutica, lo que afecta a empresas mexicanas y genera presión sobre el suministro.
A su vez, calificó de “espectáculo” programas como la Megafarmacia o las Rutas de la Salud, al no garantizar condiciones de cadena de frío y manejo profesional de los medicamentos.
El diputado adelantó que la bancada del PAN presentará reservas durante la discusión legislativa. Entre sus propuestas, planteará blindar el Fondo de Salud para que los recursos no se destinen a otros fines y asignar parte de la recaudación del IEPS a garantizar la cobertura de tratamientos graves.
La nueva iniciativa de la presidenta @Claudiashein desmantelará el Fondo de Salud para atender enfermedades graves como el cáncer, profundizará la crisis de atención en el tercer nivel y refuerza su modelo centralizado y fallido de compra de medicamentos
— Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) September 27, 2025
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También aseguró que solicitará que el dictamen se turne a Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto, y que se abra un proceso de Parlamento Abierto.
