Edson Andrade Lemus, identificado como uno de los principales organizadores de la movilización juvenil del 15 de noviembre en la capital del país, informó que salió de México tras afirmar que su seguridad quedó comprometida.
Andrade aseguró que sus datos personales fueron expuestos luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, difundiera en redes sociales el contrato que mantiene con el Partido Acción Nacional (PAN) desde febrero de 2025 y que sigue vigente hasta enero de 2026.
La publicación reveló que dicho contrato asciende a un total de $2,106,810 pesos por servicios de estrategia digital para el PAN en la Ciudad de México, distribuidos en 12 pagos mensuales. El documento establece que para noviembre Andrade debe recibir $175,577.50 pesos.
El joven señaló que la presión sobre él aumentó tras la protesta del 15 de noviembre, la cual dejó un saldo de 100 policías y 20 civiles lesionados, además de daños en instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sostuvo que la divulgación de su información generó un escenario que, según él, escaló al punto de obligarlo a abandonar el país.
Antes de pronunciarse sobre la salida de su hogar, Andrade argumentó que la reacción gubernamental superó el ámbito político y se convirtió, desde su perspectiva, en una amenaza directa.
“La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que, para cuidar mi seguridad, hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país”, declaró.
Señaló que la filtración de datos personales incrementó su vulnerabilidad y abrió la puerta a riesgos adicionales para su círculo cercano.
“Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”, añadió.
Sobre el contrato con el PAN, Andrade subrayó que se trata de una relación laboral sin vínculo con sus posturas públicas. Afirmó que su labor está enfocada en contenidos institucionales y no en expresiones políticas personales.
“Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo”, sostuvo.
El influencer precisó que participa en conjunto con un grupo de colaboradores jóvenes y que los ingresos del contrato no corresponden exclusivamente a él.
“Me acompaña un equipo de jóvenes que, como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz; lo he hecho desde los 16 años”, indicó.
Al referirse al clima político posterior a la marcha, Andrade afirmó que la exposición de su información se debe, a su juicio, al descontento del gobierno federal con las movilizaciones encabezadas por jóvenes. Argumentó que la respuesta institucional busca desactivar el crecimiento del movimiento y arremetió contra el gobierno federal por no atender los verdaderos problemas del país.
“Nos pagan por trabajar, algo que muchos en su gobierno no han hecho jamás, pero hoy tienen mansiones, ranchos, cientos de autos. ¿A ellos cuándo los exponen?”, enfatizó.
El joven agregó que la inconformidad social ha provocado intentos por desacreditar las protestas e insistió en que la presión no logrará frenar la participación juvenil en la agenda pública.
“Sumido en el hartazgo del pueblo, los tiene desesperados. Quieren apagar a como dé lugar la llama que se ha encendido en nuestro país y que cada vez es más y más grande. Pero créame, presidenta, sus esfuerzos son en vano porque esa llama yo no la encendí”, manifestó.
Al ampliar su postura, Andrade aseguró que la criminalización por parte del gobierno hacia distintos sectores, como periodistas, productores del campo, madres buscadoras y feministas, se ha intensificado en los últimos años y ahora alcanza a la juventud. Explicó que esa situación lo llevó a dejar México pese al costo personal.
“Ya fueron por los periodistas, por los productores del campo, por las madres buscadoras, por las feministas; hoy vienen por los jóvenes. […] Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, pero ¿qué opción tengo?”, dijo.
Andrade afirmó que no existen condiciones institucionales que garanticen una protección real frente a las amenazas que asegura haber recibido. Señaló que cualquier denuncia carecería de imparcialidad debido a la cercanía de la presidenta de Morena con las autoridades.
“¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendrá esa denuncia”, reiteró.
A su vez, Andrade afirmó sentirse respaldado por su trabajo profesional y rechazó que el contrato implique beneficios ilícitos, negando ser funcionario público y lanzando acusaciones hacia el oficialismo.
“No tengo nada que esconder porque estoy orgulloso de mi trabajo y del equipo de jóvenes que me acompañan. Cuando las cosas son ilícitas, se ocupan sobres amarillos, esos que su partido ocupó muy bien. Yo no soy funcionario, tampoco soy hijo de ningún político ni empresario.”
Finalmente, sostuvo que su salida del país no significa abandonar las causas que ha defendido desde su activismo juvenil.
“Solo soy un joven que vino desde abajo y, cansado de un país sometido a la violencia, el crimen y la corrupción, alzó la voz y ese fue mi gran crimen. Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa. Yo no me voy vencido; me voy para seguir luchando”, acusó.
Andrade Lemus concluyó con un llamado a la continuidad del movimiento social que lo respalda.
“Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo y ya no tenemos miedo”, expresó.
En contraste, el PAN capitalino previamente lamentó los hechos registrados durante la marcha del 15 de noviembre y denunció un presunto “uso de fuerza excesiva” contra manifestantes. El partido afirmó que las demandas principales del movimiento juvenil se relacionan con la seguridad y el cese de la violencia.
Mientras continúa la disputa pública entre actores políticos y el propio Andrade, el colectivo Generación Z convocó a una nueva movilización el 20 de noviembre a las 11:00 horas para exigir justicia y acciones de seguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
