La defensa legal de tres víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, encabezada por el abogado penalista Adrián Arellano del despacho Vega Mac Gregor Arellano, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones.
El recurso legal se interpuso tras el accidente ocurrido el domingo 28 de diciembre de 2025, en el centro de Oaxaca, cuando el tren de pasajeros que cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos se salió de las vías en una zona de curvas pronunciadas, dejando un saldo de al menos 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas, de las cuales 11 permanecían hospitalizadas en los días posteriores.
El litigante aclaró que la representación legal de las víctimas no tendrá costo alguno, en respuesta a los señalamientos realizados desde Palacio Nacional sobre presuntos intentos de lucro por parte de despachos jurídicos.
“Es totalmente gratuito, no se cobrará”, afirmó.
La denuncia fue presentada a nombre de Juan Manuel Iglesias, su esposa Flor del Carmen Temich y su hijo Alexis, integrantes de una misma familia originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los tres viajaban en el segundo vagón del convoy, que quedó semisuspendido tras el descarrilamiento.
Alexis, menor de edad, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por lesiones en un pulmón, mientras que sus padres también resultaron con diversas afectaciones físicas.
“Juan Manuel, Flor y Alexis están en Ciudad Juárez e iban a Oaxaca a llevar ayuda humanitaria, pero su vida cambió”, expresó Arellano.
El accidente ocurrió el pasado 28 de diciembre de 2025, cuando la locomotora se salió de la vía y arrastró al resto de los vagones; el primero cayó a un barranco y el segundo quedó parcialmente colgado. En el tren viajaban alrededor de 250 personas, entre pasajeros y tripulación, de acuerdo con información oficial.
Arellano detalló que la querella señala de manera directa, en una primera etapa, a tres empresas relacionadas con la construcción del tramo ferroviario: COMSA Infraestructuras S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V. y Daniferrotools S.A. de C.V.
También incluye a contratistas y servidores públicos que resulten responsables por posibles omisiones en la ejecución, supervisión y auditoría de la obra, iniciada en 2019.
“Buscan participar activamente en la carpeta de investigación para poder intervenir en la elaboración del dictamen pericial que va a determinar la causa del descarrilamiento y proteger su derecho a la verdad”, explicó.
El abogado agregó que, además de esclarecer las causas técnicas del siniestro, las víctimas buscan una reparación integral del daño, al advertir que las secuelas físicas, emocionales y económicas del accidente tendrán efectos permanentes en su vida cotidiana.
Por su parte, esta mañana desde Palacio Nacional, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no es necesario que las víctimas presenten denuncias individuales, al señalar que la FGR abrió de oficio una carpeta de investigación debido al fallecimiento de personas y la existencia de heridos.
🗳️📌 SHEINBAUM CUESTIONA QUE ABOGADOS ACOMPAÑEN A VÍCTIMAS DEL TREN INTEROCEÁNICO
— Juan Ortiz 🗳️👁🗨 (@Juan_OrtizMX) January 5, 2026
Claudia Sheinbaum se refirió a la denuncia penal que víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico anunciaron que presentarán ante la FGR.
Dijo que primero hay que ver quiénes interponen la… pic.twitter.com/oo6IruLGay
“No es necesario que se acerquen abogados […] hay libertad de las personas; sin embargo, hay bufetes que se acercan a las víctimas para obtener más recursos y se llevan comisiones”, afirmó.
Ante esas declaraciones, Juan Manuel Iglesias explicó, vía videollamada, que recurrió a una defensa legal privada ante la imposibilidad de trasladarse a la Ciudad de México para dar seguimiento directo a la investigación.
“No puedo tener el tiempo ni las finanzas para llegar a la Ciudad de México a pedir la carpeta de investigación. No soy abogado, no tengo experiencia en eso y lo único que me van a hacer es cerrar la puerta”, argumentó.
Iglesias pidió que la denuncia alcance a todos los implicados, incluidos funcionarios que hayan tenido responsabilidad en la supervisión de la obra.
“Cualquier funcionario. Aquí no debe haber un trato excepcional a ciertos personajes públicos. No es justo que ciudadanos comunes estén pagando con su vida o con lesiones por una negligencia”, sostuvo.
El equipo legal señaló que mantiene contacto con otras víctimas del descarrilamiento y no descartó que más afectados se sumen a la querella en las próximas semanas.
Las autoridades federales han informado que las víctimas tendrán acceso a una reparación integral del daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de las indemnizaciones derivadas de las pólizas de seguro, entre ellas la gestionada por Seguros Ve por Más, del Grupo Kaluz, cuya cobertura anual asciende hasta 116 millones de pesos, con un máximo de 400 mil pesos por pasajero.
Las investigaciones continúan abiertas y los abogados advirtieron que el seguimiento al caso será clave para determinar responsabilidades penales y administrativas en uno de los primeros accidentes mortales de los nuevos proyectos ferroviarios federales.
