La Fiscalía General de la República informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en Nizanda, Oaxaca, fue provocado por exceso de velocidad.
El tren ingresó a la curva del siniestro a 65 km/h, cuando el límite era de 50 km/h, y alcanzó hasta 111 km/h en tramos rectos donde lo permitido era 70 km/h.
Derivado de estos hallazgos, fue detenido Felipe de Jesús “N”, señalado como maquinista, y se ejercerá acción penal por homicidio y lesiones culposos. El accidente dejó 14 muertos y alrededor de 100 heridos entre los 250 pasajeros a bordo.
Con base en los primeros dictámenes periciales, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos detalló que no se encontraron fallas en la infraestructura ferroviaria ni en los componentes del tren que comprometieran su operación.
Las inspecciones abarcaron rieles, fijaciones, durmientes, balasto, terraplenes, ruedas, superficies de rodadura, zapatas y acoples, así como el análisis de la caja negra de la locomotora guía.
“La velocidad autorizada era de 50 km/h; sin embargo, el tren viajaba a 65 km/h de acuerdo con los registros de la caja negra”, afirmó Godoy.
Según el Horario Ferroviario Vigente —documento técnico que establece restricciones y condiciones operativas—, el tramo del siniestro permite una velocidad máxima de 50 km/h para trenes de pasajeros.
La revisión de datos permitió reconstruir el comportamiento del tren: en estaciones previas, frenó incluso hasta cero km/h, lo que, según la Fiscalía, demuestra que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente.
“El maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro”, expresó.
En rectas previas, el tren llegó a 111 km/h, 41 km por encima del límite. Para la Fiscalía, el cálculo del tiempo de recorrido también confirma el exceso de velocidad.
Godoy subrayó que, por el peso aproximado de 400 toneladas del convoy y el radio de curva, la fuerza centrífuga se incrementa y eleva el riesgo de salida de vía.
La captura de Felipe de Jesús “N” ocurrió en Palenque, Chiapas, y fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez para quedar a disposición del Ministerio Público Federal. La investigación involucra a la FGR, la Fiscalía estatal, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y peritos especializados.
El descarrilamiento ocurrió en el kilómetro Z-230+290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos. La segunda locomotora salió de la vía y arrastró al convoy; un vagón cayó por un barranco de seis metros y otro quedó semisuspendido.
Entre las víctimas hay estudiantes, jubilados, una familia completa, una abuela con su nieta y un periodista; dos de ellos eran menores de edad.
Tres familiares de las víctimas presentaron denuncias contra constructoras, contratistas y servidores públicos. Además, una revisión de contratos públicos evidenció que el tren operó durante su primer año sin seguro para pasajeros, requisito establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
La presidente Claudia Sheinbaum adelantó que el dictamen sería presentado esta semana y sostuvo que el accidente no detendrá el Plan Nacional Ferroviario, que contempla más de 3,000 kilómetros de rehabilitación y construcción de vías para pasajeros.
“El exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional por el peso, la masa y el radio de curva”, sostuvo Godoy.
Especialistas como Benjamín Alemán Castilla, fundador de la consultora Alttrac y exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, señalaron factores técnicos y humanos y advirtieron sobre los retos de calidad y seguridad en sistemas ferroviarios construidos en plazos cortos.
“Es muy poco tiempo para que un sistema de esta magnitud cuente con todas las medidas necesarias de calidad y seguridad en la infraestructura”, indicó a medios.
Finalmente, la FGR manifestó que continuará las diligencias para determinar responsabilidades penales, mientras que familiares de las víctimas y analistas mantienen el escrutinio sobre la operación y supervisión de este corredor ferroviario estratégico que conecta el Pacífico con el Atlántico.
