El Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia activa para personas mayores de edad con enfermedades incurables o sufrimientos insoportables.
La votación, realizada tras más de diez horas de debate en Montevideo, convirtió al país sudamericano en el tercero del continente en reconocer este derecho, tras Colombia y Canadá.
De acuerdo con el texto aprobado, la norma garantiza “el derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir” y permite solicitar la eutanasia a ciudadanos uruguayos y residentes extranjeros que acrediten su estancia habitual en el territorio nacional.
La iniciativa fue impulsada principalmente por el oficialista Frente Amplio y contó con apoyos parciales de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional.
Según lo establecido en la ley, podrán acceder al procedimiento las personas psíquicamente aptas que enfrenten enfermedades irreversibles o intratables y que experimenten sufrimientos físicos o psíquicos intolerables.
El proyecto, aprobado previamente en la Cámara de Representantes el pasado 13 de agosto, culminó así un proceso legislativo de varios años que incluyó consultas a organizaciones civiles y médicas.
Durante el debate, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, encargado de informar el proyecto ante el pleno, destacó el carácter participativo y garantista del texto.
“Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores, se llegó a este proyecto”, indicó Borbonet.
Además, enfatizó que se han establecido medidas claras para proteger a los pacientes y depositar confianza en los profesionales médicos.
“Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual”, agregó.
El legislador subrayó además que la normativa no impone obligaciones, sino que ofrece una opción a quienes deseen ejercer este derecho.
“Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta”, enfatizó.
Asimismo, agregó que transitar el proceso final de la vida con dignidad no debe ser penalizado, resaltando la gravedad de las condiciones que enfrentan algunas personas.
“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie”, subrayó.
Por su parte, el senador colorado Ope Pasquet, quien presentó una iniciativa similar en 2020, celebró la aprobación de la ley al considerarla un avance humanitario.
“La ley es necesaria, liberal y humanitaria. Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final”, expresó.
El siguiente paso, según lo dispuesto en la norma, será su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación. Posteriormente, se conformará una Comisión Honoraria de Revisión en un lapso no mayor de 90 días, presidida por el Ministerio de Salud Pública.
Dicha comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Su función principal será supervisar los procedimientos realizados bajo el marco legal y elaborar un informe anual dirigido tanto a la cartera sanitaria como a la Asamblea General.
Con la aprobación de esta ley, Uruguay se suma a un grupo reducido de países en el continente americano que reconocen el derecho a una muerte asistida, consolidando su tradición de reformas progresistas en materia de derechos civiles.
Con información de EFE
