El diputado Gerardo Olivares Mejía, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para modificar los requisitos de jubilación de los trabajadores del Estado que estaban en funciones al momento de la reforma del ISSSTE de 2007, proponiendo reducir la edad mínima para el retiro a 52 años para hombres y 50 para mujeres, siempre que cumplan con los años de cotización establecidos: 30 y 28 respectivamente.
La propuesta legislativa plantea reformar el artículo Décimo Transitorio del decreto que dio origen a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.
De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es modificar la tabla que actualmente exige una edad mínima para acceder a la pensión, la cual se incrementa de manera progresiva año con año, hasta alcanzar los 60 años para hombres y 58 para mujeres.
Olivares Mejía argumentó que la modificación busca restituir las condiciones que estaban vigentes antes de la reforma, las cuales permitían a los empleados del Estado jubilarse al cumplir los años de servicio requeridos, sin necesidad de alcanzar una edad determinada.
Asimismo, manifestó que la reforma de 2007, cambió ese derecho, afectando a quienes decidieron no incorporarse al nuevo régimen de cuentas individuales administradas por Pensionissste.
“Quienes estaban en activo al momento de su expedición, precisa, podían adherirse al régimen de cuentas individuales administradas por Pensionissste, y se ofrecieron bonos para capitalizarlas. Al aceptar, se admitían sus nuevos términos, requisitos y modalidades”, se lee en el comunicado.
De acuerdo con el diputado, la imposición de una edad mínima para el retiro vulneró los derechos adquiridos por los trabajadores del Estado, pues al inicio de su vida laboral existían reglas distintas. La tabla progresiva establecida en el transitorio, indicó, ha tenido efectos negativos sobre quienes optaron por mantenerse en el sistema anterior.
La iniciativa también reconoce que cualquier ajuste al sistema de pensiones debe considerar la viabilidad financiera del Estado, pero advierte que esto no debe implicar retrocesos en derechos laborales.
“Reconoce la necesidad de que el Estado sea solvente para cumplir el pago de pensiones de jubilación a quienes cubran los requisitos, así como incrementar de manera sostenida el ahorro de los trabajadores para el retiro. Sin embargo, señala que este proceso debe implementarse sin afectar derechos adquiridos”, se menciona en el texto.
Finalmente, Olivares Mejía consideró que existen condiciones para corregir algunos efectos negativos derivados de las reformas a los sistemas de pensiones de 1997 y 2007.
Aunque admitió que no es viable regresar al modelo solidario previo, sostuvo que se pueden realizar ajustes específicos, como el que propone, para garantizar un trato más justo a los trabajadores del sector público que fueron impactados por los cambios normativos.
