La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez Simón, advirtió que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión , aprobada este miércoles en el Senado de la República, carece del financiamiento necesario para aplicarse en 2026.
La legisladora señaló que, aunque el dictamen endurece penas y crea nuevas obligaciones institucionales, no contempla recursos adicionales, lo que podría dejar la reforma “en letra muerta”.
De acuerdo con la senadora, la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor impacto entre 2019 y 2025, afectando principalmente a pequeños comercios, taxistas, transportistas, restauranteros y trabajadores del sector turístico.
Señaló que la ley busca homologar criterios en las 32 entidades y perseguir de oficio este delito, pero insistió en que, sin capacidades operativas, no será posible frenar su crecimiento.
Al fijar posicionamiento, Martínez Simón describió la operación cotidiana de grupos criminales mediante cobro de piso, llamadas de intimidación, montachoques y amenazas directas, lo que calificó como un fenómeno que “erosiona la economía local” y “rompe la vida diaria” de miles de familias.
La legisladora sostuvo que el dictamen sí avanza en sanciones severas, con castigos de 15 a 25 años y agravantes que pueden llegar a 42 años, además de penas de hasta 20 años para servidores públicos involucrados.
Sin embargo, afirmó que dichos avances no serán suficientes si el Estado no dota de recursos a las instituciones que deberán aplicarlo. Al argumentar su postura, Martínez Simón recalcó que el principal obstáculo es presupuestal.
“Una ley por sí sola no va a detener la extorsión. Se requiere presupuesto y capacidad real de aplicar la ley”, afirmó.
La senadora explicó que, aunque el dictamen ordena crear un Centro de Atención a Denuncias por Extorsión y obliga a las fiscalías a establecer unidades especializadas, el artículo transitorio noveno prohíbe incrementos presupuestales para 2026, lo que impide fortalecer áreas de tecnología, inteligencia financiera, protección a víctimas y capacitación.
“Si no hay recursos suficientes para las unidades especializadas, todo se va a quedar en buenas intenciones, mientras la gente sigue recibiendo llamadas de extorsión todos los días”, advirtió.
También alertó sobre el impacto económico en estados turísticos como Quintana Roo, donde trabajadores y pequeños negocios enfrentan cobros de piso que inhiben la inversión y la llegada de visitantes.
“Inhibe la inversión, espanta el turismo y mata la economía local”, señaló.
La bancada del PAN acompañó la aprobación del dictamen e insistió en que los siguientes pasos deberán enfocarse en asegurar recursos adicionales para que las instituciones puedan investigar, perseguir y sancionar el delito con eficacia. Al cierre del proceso legislativo, la ley fue aprobada con una amplia mayoría en ambas cámaras.
En el Senado, el dictamen obtuvo 110 votos a favor en lo general y avanzó en lo particular con 95 votos a favor y 12 en contra, tras la incorporación de ajustes relacionados con perspectiva de género y uso de tecnologías.
En la Cámara de Diputados, la propuesta recibió 456 votos a favor en lo general, sin votos en contra, y fue confirmada en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones.
Marco penal homogéneo
La legislación se sustenta en un nuevo marco penal homogéneo que establece un tipo único de extorsión a nivel nacional, junto con sanciones mínimas y máximas uniformes.
Considera la investigación de oficio para que el delito pueda ser perseguido aun sin denuncia directa y contempla la presunción de indefensión, lo que obliga a las fiscalías a contar con unidades especializadas.
Protección y prevención
Además, incorpora medidas de protección integral para las víctimas, agravantes específicas cuando el delito se comete por ciertos medios, mecanismos de coordinación institucional y la imprescriptibilidad de la acción penal.
El dictamen incluye la posibilidad de aplicar prisión preventiva oficiosa, el respeto a los derechos humanos en todas las etapas del proceso, la articulación con fondos de reparación y un programa nacional orientado a la prevención, en un contexto marcado por la alta cifra negra que registra este delito en el país.
