La diputada María Teresa Ealy Díaz, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para prohibir las cirugías estéticas en personas menores de 18 años, con excepción de aquellos procedimientos reconstructivos derivados de malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades o causas médicamente justificadas.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y busca incorporar el artículo 272 Bis 7 a la Ley General de Salud.
De acuerdo con el documento, en los casos excepcionales se deberá contar con un dictamen favorable emitido por un comité médico especializado, así como con el consentimiento informado del padre, madre o tutor legal, y la manifestación de voluntad de la persona menor conforme a su grado de madurez.
Además, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tendrán la responsabilidad de emitir los lineamientos y normas oficiales, y de vigilar el cumplimiento estricto de esta disposición.
Según Ealy Díaz, la propuesta responde al aumento de presiones sociales y culturales sobre niñas, niños y adolescentes para modificar su apariencia a través de procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas.
“La regulación de las cirugías estéticas en personas menores de edad constituye un paso indispensable para garantizar el respeto al derecho a la salud, a la integridad y al desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia en México”, afirmó la legisladora.
La diputada subrayó que el crecimiento de la industria de la cirugía estética y plástica ha ocurrido sin que existan límites claros en la atención a este grupo poblacional, lo que advirtió —representa riesgos graves para la vida y la salud—.
En ese sentido, recordó el caso de una niña de 14 años fallecida en Durango tras someterse a un procedimiento estético, hecho que, según la diputada, pone de relieve la urgente necesidad de establecer un marco normativo que impida la realización de intervenciones invasivas sin restricciones de edad ni protocolos de protección.
“La ausencia de una prohibición expresa ha permitido que intereses económicos y presiones sociales prevalezcan sobre la protección de quienes aún no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones de carácter irreversible”, reiteró Ealy Díaz.
Por ello, la legisladora sostuvo que una regulación homogénea a nivel nacional no debe considerarse una limitación arbitraria, sino una medida de justicia social y de protección de los derechos humanos, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano.
