La Asociación de Internet MX alertó sobre las amenazas que representa el nuevo Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación para la seguridad digital, la privacidad y los derechos humanos.
Esta disposición, aprobada esta semana en la Cámara de Diputados dentro del Paquete Económico 2026, faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a acceder en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales como Uber, Netflix o Tinder.
Según la organización, esto podría derivar en prácticas de vigilancia masiva y generar riesgos para millones de usuarios en México.
De acuerdo con la Asociación, la aprobación se realizó de manera “fast-track” dentro del Paquete Económico 2026, sin atender plenamente las observaciones de académicos, especialistas y actores de la industria tecnológica.
En su postura oficial, el organismo señaló que esta normativa podría abrir la puerta a un modelo de vigilancia masiva sin precedentes en el país.
“El país correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas”, advirtió la Asociación de Internet MX.
Según el texto del artículo, el SAT tendría acceso permanente a la información de las plataformas digitales que operan en México —incluidas aplicaciones de transporte, streaming y citas— con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Sin embargo, la organización subraya que dicho acceso podría vulnerar el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, al no requerir orden judicial ni establecer límites procesales claros.
“El acceso irrestricto y permanente a sistemas digitales con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pone en riesgo los datos personales de millones de usuarios”, indicó el comunicado.
Además, la Asociación advirtió que las sanciones contempladas son “desproporcionadas”, ya que permitirían a las autoridades ordenar el bloqueo de los servicios digitales de las empresas que incumplan, lo que afectaría directamente a usuarios de aplicaciones populares como Uber, Netflix, Spotify o Tinder.
“Esta sanción implicaría pérdidas económicas enormes y afectaría a millones de usuarios; sería equiparable a una clausura operativa vía Internet”, sostuvo el organismo.
En su análisis jurídico, la Asociación señaló que el Artículo 30-B podría contravenir el Artículo 16 de la Constitución mexicana y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, al vulnerar la protección contra intervenciones arbitrarias y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Por su parte, el organismo destacó que la medida también representa un riesgo para la economía digital, al desincentivar el uso de plataformas en línea, exponer secretos industriales y debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Asimismo, la Asociación enfatizó que la conexión continua entre sistemas gubernamentales y plataformas de alto tráfico podría aumentar los riesgos de ciberseguridad, recordando filtraciones previas de datos ocurridas en el SAT y el IMSS.
“Si se exige emparejar en tiempo real sistemas gubernamentales con sistemas en la nube, los delincuentes cibernéticos podrían interceptar esa comunicación o infiltrarse en la plataforma”, explicó la organización.
El comunicado también advierte sobre las consecuencias políticas y sociales de implementar medidas de vigilancia digital sin controles judiciales adecuados.
“Cuando los ciudadanos perciben que sus espacios de libertad se reducen, el descontento puede escalar rápidamente, generando crisis de legitimidad y de gobernabilidad”, alertó la Asociación.
Aunque la Comisión de Hacienda introdujo modificaciones al texto original, el organismo considera que estos ajustes son insuficientes para eliminar los riesgos planteados.
Por ello, hizo un llamado al Senado de la República a revisar el artículo antes de su promulgación, con el fin de evitar que México sea percibido como un país que legaliza la vigilancia masiva.
“Aprobar el Artículo 30-B en sus términos representaría un retroceso democrático, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad social, la innovación y la economía digital”, subrayó la Asociación de Internet MX.
En un ejercicio de cooperación institucional, la organización propuso alternativas que incluyen sustituir el acceso en tiempo real por auditorías selectivas con orden judicial, limitar el alcance de los datos únicamente a información fiscal relevante y establecer mecanismos de acceso seguro con autenticación multifactor.
Finalmente, la Asociación reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el diseño de un marco fiscal digital equilibrado que permita mejorar la recaudación sin poner en riesgo los derechos fundamentales.
“Estamos a tiempo: la privacidad de las empresas y de las personas no son privilegios, son derechos”, concluyó la Asociación.
Asociación de Internet MX advierte sobre graves efectos nocivos del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación: Amenaza la ciberseguridad, atenta contra la privacidad y vulnera derechos y garantías, tanto de empresas como de ciudadanos
— Jose Antonio Ponton (@japonton) October 17, 2025
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