La administración del presidente Donald Trump emitió un memorándum el viernes 21 de marzo de 2025 —divulgado el sábado 22— en el que instruye a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a imponer sanciones a abogados o firmas legales que presenten demandas consideradas “frívolas, irrazonables o vejatorias” contra el Gobierno federal.
El documento, firmado por Trump, argumenta que ciertos litigios alimentan un “fraude desenfrenado y reclamos sin mérito”, según el texto difundido por la Casa Blanca. La orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir a los bufetes identificados para que se les revoquen credenciales y se cancelen contratos federales vigentes.
La medida generó críticas inmediatas de organizaciones defensoras de derechos civiles. En un comunicado, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) calificó la acción como un intento de socavar el Estado de derecho.
Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, expresó su preocupación ante la reciente orden emitida por el presidente Donald Trump, describiéndola como un intento más de desmantelar los controles sobre el poder ejecutivo. Wang afirmó que esta medida busca silenciar a aquellos que exigen rendición de cuentas al Gobierno en situaciones donde se vulneran derechos fundamentales.
“Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia”, manifestó Wang en el comunicado.
Actualmente, más de un centenar de demandas judiciales —muchas relacionadas con políticas migratorias— están en curso contra medidas impulsadas por Trump. Entre ellas, un fallo reciente de un juez federal bloqueó su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha recurrido a órdenes ejecutivas para impulsar su agenda, lo que ha generado tensiones con el poder judicial. Analistas señalan que esta última medida refleja una estrategia para limitar obstáculos legales a sus políticas, especialmente en un contexto donde tribunales federales han frenado múltiples iniciativas de su administración.
La ACLU, responsable de varias demandas contra las acciones migratorias de Trump, aseguró que continuará desafiando lo que considera “abusos de poder”. Mientras, la implementación de las sanciones a abogados dependerá de la interpretación que hagan los departamentos involucrados sobre qué constituye un litigio “frívolo”.
Con información de EFE.
