En un contexto internacional marcado por el deterioro de la seguridad global y bajo presión directa de Estados Unidos, los 32 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) formalizaron este miércoles su compromiso de aumentar su inversión en defensa hasta el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) antes del año 2035.
La resolución, suscrita por unanimidad al cierre de la cumbre celebrada en La Haya, sella una nueva hoja de ruta militar con la que la alianza transatlántica busca reforzar su capacidad colectiva ante amenazas persistentes, como la que representa Rusia.
El nuevo acuerdo contempla que, del total estipulado, un 3,5 % del PIB se destine específicamente a gasto militar directo, mientras que el 1,5 % restante cubrirá rubros asociados a defensa, como infraestructura crítica, innovación tecnológica, ciberseguridad y resiliencia civil. Este modelo representa una ampliación significativa respecto a los compromisos previos.
“Los aliados se comprometen a invertir anualmente el 5 % del PIB en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, de aquí a 2035, para garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas”, establece la declaración oficial adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.
Mark Rutte, secretario general del organismo y anfitrión del encuentro, calificó el acuerdo como el resultado más importante de la cumbre, destacando su carácter estratégico ante un escenario de amenazas crecientes.
“Con este plan, los aliados han acordado invertir el 5 % del PIB en defensa. Se trata de un compromiso significativo en respuesta a las importantes amenazas que se ciernen sobre nuestra seguridad”, afirmó Rutte.
El exprimer ministro neerlandés subrayó además el papel que deberán asumir los socios europeos y Canadá, indicando que el reparto de cargas será más equitativo con respecto al esfuerzo estadounidense. Asimismo, enfatizó que todos los miembros deben estar listos para “dar un paso adelante”.
“Es un compromiso ambicioso pero esencial”, sostuvo.
Aunque la medida fue respaldada por consenso, España expresó sus reservas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su oposición a alcanzar el umbral del 5 %, al considerar que ese nivel de gasto comprometería el modelo de bienestar y los servicios públicos en su país. A pesar de esta postura, la declaración final no contempla excepciones específicas para ningún miembro.
Consultado sobre esta discrepancia, Rutte minimizó el impacto del desacuerdo español en el desarrollo de la cumbre, reconociendo la complejidad de las decisiones fiscales que enfrentan los gobiernos nacionales.
“Hay un acuerdo sobre no estar de acuerdo en que ellos piensan que pueden alcanzar los objetivos de capacidades con un 2,1 % del PIB; la OTAN dice que tiene que ser el 3,5 % como para todos los otros aliados”, explicó el secretario general.
No obstante, aseguró confiar en el compromiso de Madrid con los objetivos de defensa establecidos por la alianza. “Sí, lo creo”, respondió al ser cuestionado sobre la intención del Gobierno español de alinearse, al menos parcialmente, con los nuevos estándares.
Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump, figura influyente entre los impulsores del aumento presupuestal, criticó abiertamente la reticencia de España. “Es un problema”, expresó días antes del encuentro.
En cuanto al conflicto en Ucrania, la declaración conjunta adoptó un tono contenido. Si bien reafirma el respaldo permanente a Kiev, evita mencionar explícitamente la invasión rusa ni se refiere al proceso de adhesión ucraniano a la OTAN, tema que había ocupado un lugar central en cumbres anteriores. Tampoco se hacen alardes sobre futuras acciones militares o compromisos adicionales en el frente oriental.
La única referencia directa a Moscú consiste en señalar que Rusia representa una “amenaza a largo plazo” para la seguridad euroatlántica. El documento, conciso y limitado a cinco puntos, refleja la cautela diplomática con que la organización aborda la actual coyuntura geopolítica.
Por último, los planes de gasto acordados incluirán una revisión intermedia en 2029, con el objetivo de ajustar las metas a las condiciones estratégicas prevalecientes en ese momento.
