El presidente de Argentina, Javier Milei, advirtió este miércoles 23 de septiembre que las empresas involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires enfrentarán consecuencias para operar en territorio argentino, al tiempo que reclamó a Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago.
Durante su discurso ante la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei colocó la disputa territorial dentro de su estrategia energética y dirigió un mensaje a las compañías interesadas en invertir en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales ubicada principalmente en la provincia de Neuquén.
El mandatario invitó al sector privado internacional a desarrollar proyectos en Vaca Muerta, pero señaló que esa apertura tendrá límites para quienes participen en actividades que Argentina considere contrarias a su legislación en las aguas que rodean las Malvinas.
“Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas las próximas décadas”, expresó Milei ante la ONU.
La advertencia llega en medio de una ofensiva administrativa y legislativa impulsada este mes por el Gobierno argentino contra personas y compañías relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona en disputa.
El 3 de septiembre, Milei firmó el Decreto 868/2026, que agilizó los procedimientos para investigar posibles infracciones a la legislación argentina sobre exploración y explotación de hidrocarburos.
La medida también estableció mecanismos para impedir que empresas vinculadas con esas actividades accedan a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La normativa contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental sin contar con autorización de sus autoridades.
Argentina lleva las sanciones al Congreso
La estrategia avanzó el 17 de septiembre, cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que pretende reemplazar el régimen sancionatorio establecido en 2011 y ampliar las consecuencias para empresas, accionistas y proveedores relacionados con la explotación de recursos sin autorización argentina.
La propuesta también contempla un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un consejo encabezado por el presidente e integrado por funcionarios de áreas como Relaciones Exteriores, Defensa, Economía e Inteligencia.
Estas medidas alcanzan particularmente a las actividades relacionadas con Sea Lion, un proyecto petrolero offshore desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Ambas compañías sostienen que cuentan con licencias válidas expedidas por las autoridades de las islas y han indicado que esperan continuar con su desarrollo.
La administración de las Malvinas prorrogó esta semana por cinco años las licencias relacionadas con la explotación petrolera, una decisión respaldada por Reino Unido y rechazada formalmente por Argentina.
Milei reclama nuevamente negociaciones
Frente a la Asamblea General, Milei pidió a Reino Unido reanudar las conversaciones destinadas a resolver la disputa de soberanía y calificó a las Malvinas como una “causa nacional” para Argentina.
El presidente también cuestionó la actuación de Naciones Unidas y recordó la Resolución 31/49, aprobada por la Asamblea General en 1976, que solicita a Argentina y Reino Unido abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente el proceso de negociación.
“No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación ilegítima e ilegal”, afirmó Milei durante su intervención.
El reclamo argentino se produjo después de que Reino Unido reiterara ante Naciones Unidas su posición respecto de las islas, en una semana marcada por el aumento de las diferencias entre ambos gobiernos en torno a los proyectos petroleros del Atlántico Sur.
