La jueza civil Lisa Walsh dictó este jueves una sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de contratación ilegal con el Gobierno mexicano.
El fallo los obliga a pagar más de 2 mil 500 millones de dólares como parte de una demanda presentada por el Gobierno de México en 2021.
De acuerdo con la sentencia, García Luna deberá cubrir un monto de 748 millones 829 mil 626 dólares, mientras que su esposa tendrá que pagar mil 740 millones de dólares. El caso civil, radicado en una corte de Miami, se centró en contratos por servicios de seguridad adjudicados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyos recursos, según los documentos judiciales, fueron desviados hacia propiedades e inversiones en Estados Unidos.
La jueza aplicó la Ley RICO, utilizada en Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, tras confirmar que García Luna desvió 249 millones de dólares y que Pereyra participó en la malversación de 580 millones. Al aplicar esta ley, el tribunal triplicó los montos comprobados como daño económico, conforme a la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
“Ninguno de esos contratos fue puesto a licitación; casi todos fueron contratados con empresas extranjeras, aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna”, señaló Pablo Gómez, titular de la UIF, al revelar los detalles de la red financiera encabezada por el exfuncionario.
La denuncia original incluía a más de 50 personas y empresas, así como a los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, señalados como presuntos socios de García Luna y acusados de actuar como prestanombres para la adquisición de bienes raíces en Florida.
Cristina Pereyra, quien actualmente reside en Alexandria, Virginia, fue declarada en rebeldía por la corte el 21 de febrero de 2024, al no acatar las órdenes judiciales. Por su parte, García Luna, preso en una cárcel de Lee County, Virginia, no respondió a la demanda civil.
El juicio previsto para abril fue cancelado luego de que las partes informaran sobre un acuerdo preliminar. Sin embargo, el 19 de mayo, los representantes legales del Gobierno mexicano solicitaron una sentencia definitiva, argumentando que existía evidencia suficiente para acreditar los desvíos.
Aunque la resolución emitida en Miami corresponde a un proceso civil, abre la puerta a futuras acciones penales tanto en Estados Unidos como en México, donde ocurrieron los actos de corrupción.
Cabe recordar que García Luna ya fue condenado en octubre de 2024 en Nueva York a 38 años y ocho meses de prisión por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Fue hallado culpable de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa mientras dirigía la política de seguridad pública en el país.
“La ofensa en este caso es abrumadora… tiene el mismo tipo de rufianismo que El Chapo”, declaró el juez Brian Cogan durante la audiencia de sentencia en Estados Unidos.
Además, los fiscales estadounidenses aseguraron que, tras su condena, García Luna intentó sobornar a compañeros de prisión con dos millones de dólares para fabricar pruebas a su favor, con la intención de obtener un nuevo juicio.
