El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes su informe anual sobre derechos humanos correspondiente a 2024, con varios meses de retraso y bajo nuevas directrices que limitaron su extensión y excluyeron apartados presentes en años anteriores, como corrupción y derechos de la comunidad LGTBI.
La elaboración estuvo encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ordenó ajustarlo a la extensión mínima legal.
Según el documento, se evaluaron restricciones a la libertad de expresión en países tanto aliados como adversarios, pero se suprimieron observaciones que históricamente habían sido incluidas respecto a El Salvador, Israel y Rusia.
En el caso de El Salvador, el texto señala que no se registraron evidencias relevantes de violaciones graves de derechos humanos, en contraste con el informe de 2023 elaborado bajo la administración de Joe Biden, que mencionaba denuncias de tortura y condiciones penitenciarias precarias.
“No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, indicó el Departamento de Estado.
El documento atribuye además el nivel mínimo histórico de violencia de pandillas al estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele.
El mandatario, considerado aliado de Donald Trump, ofreció a Washington la prisión de máxima seguridad Cecot para alojar migrantes indocumentados vinculados al grupo criminal Tren de Aragua, pese a cuestionamientos internacionales sobre las condiciones en ese penal.
En cuanto a Israel, el informe consigna que durante la ofensiva en Gaza se registraron ejecuciones extrajudiciales de palestinos, aunque resalta la adopción de medidas para identificar a funcionarios responsables de abusos.
Asimismo, omite las críticas que en años previos se hicieron a la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu y las menciones a su caso de corrupción.
Respecto a Rusia, el documento mantiene las acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por sus fuerzas en Ucrania, pero elimina las referencias a abusos contra la población LGTBI.
La publicación coincide con la agenda del presidente Trump, quien tiene previsto reunirse el viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para abordar posibles negociaciones de paz. En contraste, Brasil y Sudáfrica recibieron señalamientos más severos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la situación de derechos humanos en Brasil se deterioró durante 2024, destacando la presunta represión a la libertad de expresión de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro y la suspensión temporal de la red social X por orden judicial debido a la desinformación en la plataforma.
“La situación de los derechos humanos ha declinado durante el año en Brasil”, advirtió el informe.
El deterioro se presenta en medio de la imposición por parte de Trump de aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, medida que el mandatario justificó como respuesta al juicio contra Bolsonaro, acusado de intentar impedir la transferencia de poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sobre Sudáfrica, el informe denuncia un “deterioro significativo” vinculado a la expropiación de tierras a la minoría blanca afrikáner.
Washington concedió asilo en mayo a un grupo de afrikáners y Trump planteó al presidente Cyril Ramaphosa la existencia de un supuesto genocidio contra blancos, afirmación que las autoridades sudafricanas rechazan de manera categórica.
En el apartado sobre Venezuela, el documento apunta que la situación “empeoró significativamente” tras las elecciones presidenciales con denuncias de fraude a favor de Nicolás Maduro, mencionando ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas, detenciones sin orden judicial, persecución contra extranjeros y el reclutamiento ilegal de menores por grupos armados vinculados al gobierno.
Por su parte, el análisis sobre China reitera las acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana uigur, mientras que en Irán se registró la ejecución de cientos de prisioneros durante el último año.
El informe, elaborado desde 1977, constituye una referencia para que el Congreso estadounidense determine la asignación de ayuda exterior a otros países, aunque este año presenta una reducción notable en su alcance y contenido frente a versiones previas.
Con información de EFE
