Un juez de control vinculó a proceso a Gabriela “Gaby” “N”, acusada de homicidio calificado tras atropellar y arrastrar a un motociclista el 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
La imputada fue detenida en Oaxaca y permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.
De acuerdo con los datos expuestos en audiencia, la víctima, Roberto Hernández, de 52 años, circulaba en motocicleta cuando fue impactado en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el choque, la conductora continuó la marcha y arrastró al hombre por varios metros, lo que derivó en su fallecimiento.
Durante la segunda audiencia, celebrada en la sala de juicios orales de la colonia Doctores, el juzgador determinó que existen elementos suficientes presentados por el Ministerio Público para iniciar un proceso penal por el delito de homicidio calificado con la agravante de saña.
La resolución se sustentó en que, según la imputación, la conductora era consciente de haber atropellado a la víctima y, aun así, no detuvo el vehículo. Además, el asesor jurídico de la familia del motociclista Ricardo Díaz Estrada, explicó el alcance de la calificativa impuesta.
“La agravante de saña fue determinada por la forma en que ocurrieron los hechos, ya que la imputada no detuvo el vehículo tras el atropellamiento”, afirmó Díaz.
Con base en la resolución judicial, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el 17 de abril. Asimismo, el juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Gabriela “N” permanecerá internada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Durante la audiencia, que se prolongó por casi dos horas y media, la imputada no rindió declaración. En caso de ser declarada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.
El caso, ocurrido en calles de Iztapalapa, ha generado exigencias de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima. Finalmente, el proceso continuará con la integración de pruebas y diligencias ministeriales antes de que se determine su situación jurídica en una eventual sentencia.
