La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Producción de Vivienda Social, Pública y/o Asequible, con el objetivo de agilizar los trámites necesarios para edificar vivienda digna en zonas con alta presión inmobiliaria.
El gobierno capitalino indicó que con esta medida, se reduce en un 85 % el tiempo de gestión de permisos, lo que permitirá que procesos que antes tomaban más de cuatro años se resuelvan en aproximadamente cuatro meses.
Durante un acto público en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, Brugada sostuvo que este nuevo esquema representa un cambio estructural para enfrentar la exclusión habitacional y frenar el desplazamiento de población en el centro de la ciudad.
“Estamos dando un golpe durísimo a los laberintos burocráticos. Este acuerdo representa un paso gigante para una ciudad justa, democrática y sustentable, que da prioridad a la vivienda pública y asequible”, expresó.
El nuevo acuerdo contempla una reducción drástica en los plazos de diversas gestiones. Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental podrá realizarse en un solo día hábil si el terreno no contiene arbolado ni colinda con áreas naturales protegidas, frente a los 40 días que tomaba anteriormente.
Asimismo, el trámite del programa interno de protección civil bajará de 120 a 10 días naturales.
Brugada aseguró que ya existen proyectos definidos y que el presupuesto asignado para 2025 asciende a 9 mil millones de pesos, lo que, junto con las nuevas disposiciones, permitirá iniciar obras que por años se vieron detenidas por trabas administrativas.
Desde el inmueble ubicado en Doctor Gilberto Bolaños Cacho 22, donde se construirán 27 departamentos en renta con costos accesibles, la mandataria subrayó que el proyecto también incluye medidas sustentables, como la captación de agua pluvial, calentadores solares y áreas libres equivalentes al 41 % del terreno.
“Si no empezamos con un proceso que detenga el crecimiento de rentas y la expulsión de gente en el centro, en esta zona de la ciudad, en pocos años estaremos viendo los negativos resultados que se han tenido en otras colonias”, advirtió.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que todas las dependencias involucradas acortarán tiempos en la emisión de permisos clave. La Secretaría de Administración y Finanzas, por ejemplo, emitirá la opinión de valor de los predios en un mes en lugar de cuatro.
Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua reducirá la factibilidad de servicios de 80 a 10 días hábiles, y el Instituto de Seguridad para las Construcciones entregará los dictámenes de seguridad estructural en 15 días naturales, frente a los 225 requeridos anteriormente.
“Todos los documentos relacionados con los procesos de vivienda, salvo aquellos que tengan alguna determinación legal específica, mantendrán la vigencia suficiente para que los trámites se concluyan, es decir, para que no caduquen a la mitad del proceso y se tenga que volver a empezar”, puntualizó Muñoz.
La estrategia también contempla la agilización de trámites como alineamientos, licencias de subdivisión y números oficiales, para facilitar la producción de vivienda pública en zonas céntricas de la capital, especialmente destinada a jóvenes, mujeres, personas de bajos recursos y comunidades en riesgo de ser desplazadas.
Abraham Jiménez, del Colectivo Comuna Hogar, calificó el proyecto como inédito en la historia contemporánea del país, al promover esquemas de vivienda distintos a los mediados exclusivamente por la propiedad privada.
Jiménez subrayó que con esta medida se concreta el primer modelo de vivienda social de renta para jóvenes en la capital.