El Senado de la República cerró este lunes el primer día de las audiencias públicas en torno a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En el encuentro, 20 especialistas en derecho expusieron posturas diversas sobre los alcances del proyecto y señalaron riesgos, áreas de mejora y puntos favorables para su modernización.
El ejercicio fue organizado por las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, presididas por los senadores Javier Corral Jurado, Miguel Ángel Yunes Márquez y Enrique Inzunza Cázares. Las sesiones continuarán este martes a partir de las 09:00 horas.
Al clausurar los trabajos, Javier Corral agradeció la participación de los ponentes y resaltó que prevaleció un debate plural. Subrayó que, aunque existen preocupaciones, el proyecto no fue descalificado en su totalidad.
“Es inevitable que tenga ajustes la iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta, porque además las propuestas tienden a fortalecer, a clarificar redacciones”, indicó.
El legislador agregó que el planteamiento presidencial busca agilizar y modernizar el juicio de amparo mediante plazos definidos para la emisión de sentencias.
“Queremos, sí, atajar dilaciones, distorsiones, abusos, pero efectivamente hay que mantener la esencia y la naturaleza del amparo. Entonces, yo estoy muy satisfecho con el ejercicio de hoy”, afirmó.
Entre los especialistas, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, advirtió que la propuesta restringe el interés legítimo al limitarlo a lesiones jurídicas individuales y diferenciadas.
“Lo que la iniciativa genera es que se diluya el entendimiento del interés legítimo, pues lo acerca demasiado al interés jurídico”, señaló.
En contraste, el magistrado en retiro Marat Paredes Montiel consideró que la digitalización del proceso facilitará la tramitación y aumentará las posibilidades de defensa de los gobernados.
A su vez, Román Lazcano Fernández, integrante del Foro de Constitucionalistas de México, calificó de problemática la redacción del proyecto.
“La reforma presenta una redacción ambigua, indeterminada y, sobre todo, construye mayores requisitos para otorgar la medida cautelar”, expresó.
El especialista cuestionó la contradicción entre los principios de ciertas fuerzas políticas y el contenido de la iniciativa.
“Llama la atención que un partido o un movimiento que en sus estatutos establece la defensa de los pueblos originarios, la cultura de la legalidad y evitar el autoritarismo, construya una reforma que atenta gravemente los derechos humanos”, agregó.
La abogada Makawi Staines Díaz señaló que, aunque el juicio de amparo es el principal medio de defensa de los derechos, su carácter técnico lo ha vuelto limitado en su aplicación práctica.
Por su parte, Francisco Javier Sandoval López, exmagistrado de Circuito en materia Civil, rechazó que la propuesta sea regresiva al eliminar el amparo contra derechos colectivos y sostuvo que busca contener el “protagonismo judicial”.
Desde el sector privado, Ricardo Cervantes Vargas, de la Comisión Estado de Derecho del Consejo Coordinador Empresarial, defendió la importancia del amparo para garantizar la certeza jurídica.
En el mismo sentido, Andrés Aguinaco Gómez Mont, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, reconoció que la reforma elimina prácticas dilatorias, aunque advirtió que introduce obstáculos para la reparación integral en casos de violaciones a derechos humanos.
La especialista Susana Gabriela Camacho Maciel, de México Evalúa, planteó que la digitalización debe considerar la brecha tecnológica en el país.
De igual modo, Luis Eduardo Knapp Moreno, de Artículo 19, alertó que la reforma en materia de interés legítimo, suspensión y cumplimiento de sentencias podría vulnerar los compromisos internacionales del Estado mexicano.
El académico Eduardo Andrade Sánchez, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, coincidió en la necesidad de definir con precisión la figura del interés legítimo, al considerar que el Poder Judicial “se excedió con ello en facultades”.
En la parte legislativa, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Raymundo Bolaños Azocar, cuestionó la viabilidad de los plazos reducidos para la resolución de amparos, mientras que Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista (PVEM), destacó la importancia de escuchar las distintas posturas en una reforma de carácter trascendental.
