En el inicio del Parlamento Abierto del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), académicos, juristas y representantes de la sociedad civil advirtieron que la reforma presidencial a la Ley de Amparo, tal como está, podría debilitar la defensa de los derechos fundamentales en México.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich subrayó que cualquier cambio profundo a esta figura requiere un análisis detallado de expertos antes de que se dictamine en el Congreso.
“Es fundamental que cualquier modificación legislativa de gran alcance a la figura del amparo requiere de la opinión y análisis detallado de especialistas”, indicó.
Castañeda gregó que, a partir de los planteamientos surgidos en este encuentro, MC propondrá alternativas a la iniciativa con el fin de incidir en la discusión legislativa.
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno explicó que el objetivo del ejercicio parlamentario es escuchar en detalle las voces de especialistas, quienes han advertido que la propuesta pone en “riesgo” una de las herramientas jurídicas más importantes de México y con reconocimiento internacional.
En el mismo sentido, la senadora Amalia García Medina señaló que la participación de expertos, defensores y organizaciones civiles será clave para garantizar que cualquier ajuste a la Ley de Amparo tenga como eje la progresividad de los derechos humanos.
Entre los especialistas convocados, María Emilia Molina, exmagistrada y maestra en Derechos Humanos, afirmó que limitar el amparo representaría un retroceso mayor.
“Restringir el amparo se suma a una serie de medidas que han debilitado la independencia judicial”, expresó.
Asimismo, añadió que, sin esta figura, las personas juzgadoras no podrían fungir como contrapeso del poder político ni garantizar la justicia.
En contraste, Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que, mientras prevalezca la figura del amparo para efectos, la reforma será una “simulación”, lo que mantendría la justicia como un privilegio limitado.
A su vez, Andrés Aguinaco Gómez Mont, de la Barra Mexicana de Abogados, advirtió que la propuesta generará más obstáculos en la reparación de violaciones a derechos humanos.
“El juicio de amparo es la garantía jurisdiccional mexicana más relevante en la defensa de la Constitución”, señaló.
Aguinaco agregó que limitarlo podría afectar su papel de freno al ejercicio arbitrario del poder.
Desde la perspectiva de organizaciones sociales, Luis Eduardo Knapp Moreno, coordinador en Artículo 19, expresó preocupación.
“Todos los días hay violaciones a los derechos humanos”, afirmó.
También calificó la reforma como un “retroceso” que incumpliría con obligaciones internacionales, como el derecho a un recurso judicial efectivo.
En opinión de Jorge de Jesús Sepúlveda, especialista en litigio civil y mercantil, ninguna reforma debe prosperar si no fortalece la capacidad de tutela de la ciudadanía. Insistió en que el cambio legal debe mantener armonía con el resto del orden jurídico.
Por otro lado, Ivette Galván García, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reconoció que la iniciativa contiene avances procesales, aunque alertó sobre un impacto negativo en el acceso a la justicia.
“Plantea un retroceso grave en materia de acceso a la justicia y protección de los derechos humanos”, advirtió.
En esa misma línea, Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, consideró que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo es inconstitucional por vulnerar derechos previstos en la Carta Magna y en tratados internacionales.
“Si en el Senado no hay modificaciones a la reforma, habrá regresiones, limitaciones y restricciones”, puntualizó.
Finalmente, Humberto Guerrero, coordinador en FUNDAR, sostuvo que cualquier cambio a la Ley de Amparo debe orientarse a fortalecer la figura y no a restarle eficacia. Aseguró que, de lo contrario, se corre el riesgo de desmontar los avances alcanzados en materia de derechos humanos.
