La trata de personas, una de las violaciones más graves a los derechos humanos, mantiene una estrecha relación con las estructuras del crimen organizado a nivel mundial, de acuerdo con organismos internacionales que redoblan esfuerzos por visibilizar y combatir este fenómeno.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado cada 30 de julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtieron sobre el uso sistemático de la violencia, la tecnología y la manipulación social para explotar a las víctimas, principalmente menores de edad y personas migrantes.
Un análisis reciente de la UNODC indica que el 74% de los tratantes identificados operan dentro de grupos del crimen organizado, estructuras que han perfeccionado esquemas de explotación masiva con fines lucrativos. Estas redes no solo dominan territorios mediante la intimidación, sino que han adoptado modelos empresariales que prolongan el abuso y aumentan la violencia.
“La trata de personas es crimen organizado: terminemos con la explotación,“ es el lema de este año impulsado por la ONU, como un llamado a frenar la impunidad y desmontar los engranajes de este delito.
La ONU manifestó que entre 2020 y 2023, más de 200 mil víctimas fueron detectadas en diversos países, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores debido al subregistro. A este panorama se suma el incremento de casos vinculados a la pornografía infantil en México.
Según el Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024–2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los reportes relacionados con este delito aumentaron un 86% en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de 2024.
El informe detalló que el 62% de los casos está vinculado con material de explotación sexual infantil, mientras que el 38% restante incluye otras ocho modalidades delictivas. La mayoría de las víctimas son adolescentes de entre 12 y 17 años, y el 59% son mujeres.
Redes sociales, aplicaciones de citas, videojuegos y plataformas digitales son las principales vías de captación. Por otra parte, las personas migrantes enfrentan riesgos adicionales al ser víctimas de engaños mediante promesas falsas de ayuda.
El mismo reporte señaló que el 73% de los migrantes víctimas de trata fueron obligados a realizar trabajos forzados, mientras que el 21.9% fue explotado sexualmente. Algunos casos también involucraron actividades ilícitas como el transporte de drogas.
La UNODC y la OIM identificaron patrones preocupantes en comunidades indígenas y afromexicanas de México, donde el crimen organizado incrementó su presencia.
La organización informó que a través del programa Agentes de Cambio, estas comunidades han denunciado desapariciones, captación de menores para delitos y consumo de sustancias como factores que los hacen vulnerables a redes criminales.
“La captación de niñas, niños y adolescentes para realizar actividades ilícitas, incluso bajo amenazas, refleja una creciente normalización del delito en territorios vulnerables,” alertó el informe de la UNODC.
A su vez, el proyecto Disrupción evidenció que grupos criminales implicados en la trata de personas también lavan dinero mediante la explotación humana, fortaleciendo sus estructuras delictivas y dificultando su desarticulación.
Desde el ámbito institucional, la OIM resaltó que trabaja con gobiernos locales en ocho entidades federativas mexicanas, brindando asistencia técnica para mejorar la detección y atención de víctimas. También ha promovido la inclusión del enfoque diferencial de derechos en las políticas públicas dirigidas a la población migrante.
Ambas agencias hicieron un llamado conjunto a autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía para reconocer la gravedad del delito, fortalecer la prevención, investigar con eficacia y proteger a las víctimas con un enfoque de justicia, interculturalidad y derechos humanos.
