La reciente reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo mexicano ha generado una creciente polémica a nivel nacional e internacional.
Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) celebra el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que advierte sobre los riesgos del nuevo modelo de elección judicial, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con una nota diplomática acusando a la misión de observación del organismo de extralimitarse en sus funciones.
El informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, publicado este fin de semana, cuestionó la legitimidad del proceso de elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
En sus 37 páginas, la misión señaló la falta de condiciones democráticas adecuadas, como la escasa participación ciudadana —apenas un 13%, con una efectiva del 9%—, la influencia del Ejecutivo en la designación de candidatos y la distribución de listas previas con nombres de aspirantes, conocidas como “acordeones”, vinculadas mayoritariamente al partido Morena.
Además, el organismo observó que algunos observadores en las casillas fueron enviados por partidos políticos, lo que va en contra de las normas internacionales de neutralidad. En su conclusión, la misión advirtió que este modelo no debe replicarse en otros países de la región debido a sus “deficiencias estructurales” y al riesgo que representa para la independencia del poder judicial.
Frente a estas observaciones, el PAN consideró que la OEA validó sus advertencias sobre una reforma que, según el partido opositor, debilita la justicia y representa una regresión autoritaria.
“El oficialismo ha tratado de vender este retroceso como una reforma democrática. Pero como ya lo advirtió la OEA: con solo un 13% de participación (9% efectiva) y sin garantías técnicas, esto no puede llamarse una elección democrática. Tirar a la basura al Poder Judicial no es una reforma, es una regresión autoritaria”, expresó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.
Romero subrayó que Acción Nacional votó en contra de la reforma en el Congreso y anunció que el partido presentará denuncias ante instancias internacionales, incluida la propia OEA, para impedir que este tipo de prácticas se normalicen.
“México no está solo. Nuestra voz se puede magnificar si es conjunta. Juntos y juntas, seguiremos denunciando”, declaró.
Por su parte, el gobierno federal reaccionó con firmeza contra la OEA. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, se envió una nota diplomática al secretario general del organismo, Albert Ramdin, expresando su “firme rechazo” a algunas de las recomendaciones del informe.
“Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”, afirmó la Cancillería mexicana en su comunicado oficial.
Asimismo, la SRE acusó a la misión de violar el artículo 3 de la Carta de la OEA, que consagra el derecho de los Estados miembros a organizar su sistema político sin injerencias externas.
